Republica de nicaragua1987.-Estatuto de Autonomía de las dos regiones de la costa atlántica: ley Nº 28.-Wayne.- centro de estudios Chiloeautonomo,chiloeautonomo@gmail.com-promulgado en Managua,7 de septiembre de 1987.
REPUBLICA DE NICARAGUA
1987
Estatuto de autonomía de las dos regiones de la costa Atlántica de Nicaragua
Chiloé
Centro de estudios Chiloeautonomo
Fvta wapi cijwe
chiloeautonomo@gmail.com
El presidente de la republica hace saber al pueblo nicaragüense que : La asamblea nacional de la republica de nicaragua
Considerando:
I.-Que en América Latina y otras regiones del mundo, las poblaciones indígenas sometidas a un proceso de empobrecimiento, segregación, marginalidad, asimilación, opresión, explotación y exterminio exigen una transformación profunda de orden político, económico y cultural, para el logro efectivo de sus demandas y aspiraciones.
II.- Que la región atlántica nicaragüense constituye aproximadamente el 50% del territorio patrio, y con cerca de trescientos mil habitantes representa el 9.5% de la población nacional, distribuida en. Ciento ochenta y dos mil mestizos de habla hispana, setenta y cinco mil Miskito con su propia lengua; veintiseis mil Cleoles de habla Inglesa; nueve mil Sumus con su propia lengua; mil setecientos cincuenta Garifunas, la mayoria de los cuales han perdido de su lengua, y ochocientos cincuenta Ramas de los cuales sólo treinta y cinco conservan su lengua
III.- Que la identidad multiétnica del pueblo nicaragüense está firmemente inspirada en las hazañas de héroes indo-americanos como Diriangén, Cuauhtémoc , Caupolicán y Tupac Amaru, que nunca claudicaron, y en gesta de Augusto C. Sandino quien sembró de esperanzas y determinación a los indígenas del Rió Coco con sus cooperativas agrícolas y mineras, quien orgullosamente al mundo proclamó.
Son nicaragüense y me siento orgulloso porque en mis venas circula, más que todo, la sangre india, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, y leal y sincero.
IV.- que la lucha revolucionaria del pueblo nicaragüense por construir una nación nueva, multiétnica, pluricultural y multilingüe, basada en la democracia, pluralismo, el antiimperialismo y la eliminación de la explotación social y la opresión en todas sus formas, demanda la institucionalización del proceso de autonomía de las comunidades de la costa Atlántica de Nicaragua en tanto se reconocen los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de sus habitantes; garantiza la igualdad en la diversidad; fortalece la unidad nacional y la integridad territorial de la nación; profundiza los principios democráticos de la Revolución y trastoca en sus aspectos más profundos la esencia misma de la sociedad dependiente y explotadora que nos heredo el pasado.
V.- Que el proceso de autonomía enriquece la cultura nacional. Reconoce y fortalece la identidad étnica; respeta las especificidades de las culturas de las Comunidades de la Costa Atlántica; rescata la historia de las mismas; reconoce el derecho de la propiedad sobre las tierras comunales; repudia cualquier tipo de discriminación; reconoce la libertad religiosa y, sin profundizar diferencias; reconoce identidades diferenciadas para construir desde ellas la unidad nacional.
VI.- Que la experiencia acumulada a través del proceso de Autonomía está demostrado que solo en la medida en que se mantenga indisoluble la lucha por las reivindicaciones específicas de las comunidades étnicas con de los trabajadores y demás sectores explotados y oprimidos de las naciones podrá alcanzar un solución genuina.
VII.- que la Autonomía hace posible el ejercicio efectivo del derecho de las comunidades de la Costa Atlantica a participar en el deseño de las modalidades de aprovechamiento de los recursos natuirales de la región y de la forma en que los beneficios dev la misma serán reinvertidos en lña Costa Atlntica y la nacion, creandose la base material que garantice la sobrevivencia y dsarrollo de susexpresiones culturales.
VIII.- Que el nuevo orden constitucional de Nicaragua establece que el pueblo nicaraguense es de naturalesa multietnica; rteconoce los derechos de las Comunidades de la Costa Atalntica a preservar sus lenguas, religiones, arte y cultura; al goce , uso y disfrute de las aguas, bosques tierrsa comunales; a la creación de programas especiales que coadyuven a su desarrollo y garantiza el derecho de estas Comunidades a organizarse y vivir bajo las formas que corresponden a sus legitimas tradiciones(arts -8, 11, 49, 89, 90, 121 , 180 y 181 Cn.).
Por tanto en uso de sus facultades: ha dictado el siguiente:
Estatuto de Autonomía de las regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua
Titulo I
Principios y fundamentos
Capitulo 1. De la regiones Autónomas
Art.1.- el presente estatuto establece el Régimen de Autonomía de las regiones en donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política
Art.2.- las comunidades de la Costa Atlántica forman parte indisoluble del estado unitario u indivisible y sus habitantes gozan de todos los derechos y deberes que les corresponden como nicaragüenses, de acuerdo con la Constitución Política.
Art.3.- es principio de la revolución, de la autonomía, promover y preservar la unidad, la fraternidad y la solidaridad entre los habitantes de la Costa Atlántica y de toda la nación.
Art.4.- Las regiones donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica gozan, dentro de la unidad del Estado nicaragüense, de un régimen de Autonomía que les garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos históricos y demás, consignados en la Constitución Política.
Art.5.-El Español, idioma oficial del Estado, y las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica serás de uso oficial en las regiones Autónomas.
Capitulo II Régimen político administrativo de las regiones Autónomas y su división territorial interna.
Art.6.- parar l pleno ejercicio de derecho de Autonomía de las comunidades de la Costa Atlántica, se establece dos regiones Autónomas en lo que comprende el departamento de Zelaya:
1. La región Autónoma Atlántico norte tiene su jurisdicción sobres el territorio de la zona Especial I, y las islas y cayos adyacentes. Su sede administrativa es la ciudad de Puerto Cabezas.
2.- la región Autónoma Atlántico sur tiene su jurisdicción sobre el territorio de la zona Especial II, y las islas y cayos adyacentes. Su sede administrativa es la ciudad de Bluefields. En circunstancias extraordinarias las administraciones regionales podrán funcionar en otras partes de sus respectivos territorios.
ART.7.-El territorio de cada Región Autónoma se dividirá para su administración en municipios, que deberán ser establecidos. Hasta donde sea posible, conforme a sus tradiciones comunales y se regirán por ley de la materia. La subdivisión administrativa de los municipios será establecida y organizada por los Consejos Regionales correspondientes, conforme a sus tradiciones.
Art.8.- Las Regiones Autónomas establecidas por el presente Estatuto son personas jurídicas de derecho publico que siguen en lo que corresponde, las políticas, planes y orientaciones nacionales. Tienen a través de sus órganos administrativos las siguientes atribuciones generales:
1.- Participar efectivamente en la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo nacional en su región, a fin de armonizarlos con los intereses de la comunidad de la Costa Atlántica.
2.- Administrar los programas de salud, educación, cultura, abastecimiento, transporte, servicios comunales, etc., en coordinación con los ministerios de Estado correspondientes.
3.- Impulsar los proyectos económicos, sociales y culturales propios.
4.- Promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico.
5.- Promover el estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales de las comunidades de la Costa Atlántica, así como su patrimonio histórico, artísticos, lingüístico y cultural.
6.- Promover la cultura nacional en las comunidades de la Costa Atlántica.
7.- Fomentar el intercambio tradicional con las naciones y pueblos de Caribe, de conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia.
8.- Promover la articulación del mercado intrarregional e Inter-regional, contribuyendo de esta manera a la consolidación del mercado nacional.
9.- Establecer impuestos regionales conforme las leyes que rigen la materia.
Art.9.- En la explotación racional de los recursos mineros, forestales, pesqueros y otros recursos naturales de las Regiones Autónomas, se reconocerán los derechos de propiedad sobre las tierras comunales, y deberá beneficiar en justa proporción a sus habitantes mediante acuerdos entre el gobierno regional y el gobierno central.
Capitulo III: De los derechos, deberes y garantías de los habitantes de las comunidades de las Regiones Autónomas
Art.10.- Todos los nicaragüenses gozan en el territorios de las Regiones Autónomas de los derechos, deberes y garantías que les corresponden de acuerdo con la Constitución Política y el presente Estatuto.
Art.11.- Los habitantes de las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a:
1.- L a absoluta igualdad de derechos y deberes entre sí, independientemente de número poblacional y nivel de desarrollo.
2.- Preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas.
3.- Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras dentro de los planes de desarrollo nacional.
4.- Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores.
5.- L educación en su lengua materna y en español, mediante programas que recojan su patrimonio histórico, su sistema de valores, tradiciones y características de su medio ambiente, todo de acuerdo con el sistema educativo nacional.
6.- Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma.
7.-Elegir y ser elegidos como autoridades propias de las Regiones Autónomas.
8.- Rescatar en forma científica y en coordinación co el sistema nacional de saluda, los conocimientos de medicina acumulados a los largo de su historia.
Art.12.- Los miembros de las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de definir y decidir su propia identidad étnica.
Art.13.- La defensa de la vida, la patria, la justicia y la paz para el desarrollo integral de la nación, es deber primordial de los habitantes de las comunidades de la Costa Atlántica.
Art.14.- En Nicaragua, la defensa de la nación descansa en la fuerza organizativa de todo el pueblo. En las Regiones Autónomas, la defensa será dirigida por el ejército Popular Sandinista y los cuerpos de seguridad y orden interior del Estado. Los habitantes de estas comunidades tienen prioridad en defensa de la soberanía en estas regiones.
TITULO II
De la administración Regional
Capitulo I: De los órganos de administración
Art.15.- En cada una de las Regiones Autónomas de la Costa atlántica funcionaran, sujetos a la constitución Política de Nicaragua y reste Estatuto. Los siguientes órganos de administración:
1.- Consejo regional.
2.- Coordinador Regional
3.- Autoridades municipales y comunales
4.- Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios.
Art.16.- El consejo Regional y el Coordinador Regional serán, en sus respectivas esferas, las autoridades superiores de la Región Autónoma correspondiente.
Art.17.- La administración municipal se regirá por el presente Estatuto y la ley de la materia. Las otras autoridades se regirán por las resoluciones que al efecto dicte el Consejo Regional correspondiente.
Art.18.- La administración de justicia en las Regiones Autónomas se regirán por regulaciones especiales que reflejaran las particularidades culturales propias de las comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad de la Constitución Política de Nicaragua.
Capitulo II: Del Consejo regional.
Art.19.- Cada Consejo Regional estará compuesto por cuarenta y cinco miembros elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, debiendo estar representadas todas las autoridades étnicas de la Región Autónoma respectiva, de acuerdo con es sistema que determine la ley electoral.
Art.20.- Serán miembros del Consejo Regional, con voz y voto, los representantes ante la asamblea nacional de su correspondiente Región Autónoma.
Art.21-.- Para ser miembro del Consejo Regional se requiere: haber nacido en la Costa atlántica o ser hijo e padre o madre nacido en la región; haber cumplido veintiún años de edad; estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y haber residido en la respectiva Región por lo menos un año inmediato anterior a las elecciones; los nicaragüenses de otras regiones deberán haber residido en la respectiva Región Autónoma al menos cinco años consecutivos inmediatamente anterior a la elección.
Art.22.- tendrán derecho a votar en la elección de miembros del Consejo Regional todos aquellos ciudadanos que además de llenar los requisitos de la ley electoral, tengan tres meses de residir en la Región respectiva anterioridad a las elecciones, cuando sean nacidos en la misma, o de padre o madre de la región; o tener un año como mínimo de residir en la respectiva Región inmediatamente anterior a la elecciones, cuando sean nicaragüenses de otras regiones de país.
Art.23.- Serán atribuciones del Consejo Regional:
1.- regular mediante resoluciones y ordenanzas los asuntos regionales que le competen, de acuerdo con el Art. 8. De este Estatuto.
2.- Elaborar el plan de arbitrios de la Región.
3.- participar en la elaboración, planificación, realización y seguimiento de las políticas y programas económicos sociales y culturales que afecten o conciernan a su región.
4.- Resolver los diferendos de límites dentro de las distintas comunidades de su respectiva región.
5.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto Regional.
6.- Velar por la correcta utilización del fondo especial de desarrollo y promoción social de la región, que se establecerá a través de recursos internos y externos y otros fondos extraordinarios.
7.- elaborar el anteproyecto de Demarcación y organización municipal para la correspondiente región tomando en cuenta las características sociales, cultural y económicas de la misma.
8.- Elegir de entre sus miembros al Coordinador Regional y sustituido en su caso.
9.- determinar mediante resoluciones la sub-división administrativa de los municipios de su región.
10.- elaborar un anteproyecto de ley relativo al uso racional y conservación de los recursos naturales de la región
11.- Pedir informes o interpelar según el caso a los delegados de los ministerios y entes Estatales que funcionen en la región y a los funcionarios regionales.
12.- elegir de entre sus miembros a su junta Directiva.
13.- Conocer y admitir, en su caso, de las denuncias que presenten sus miembros o los de la junta Directiva.
14.- promover la integración, de desarrollo y participación de la mujer en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la región.
15.- Elaborar y aprobar su propio Reglamento Interna.
16.- Las demás que le otorgue el presente Estatuto y otras leyes.
Art. 24.- Las resoluciones y ordenanzas de los Consejeros Regionales deberán estar en armonía con la Constitución políticas y las leyes de la Republica de Nicaragua.
Art.25.- El periodo de los miembros del Consejo Regional será de cuatro años en el ejercicio de sus funciones y se contara desde la fecha de su instalación fijada de conformidad con D L Art.40 de este Estatuto.
Art.26.- El quórum para las reuniones del Consejo Regional se formará con la presencia de más de la mitad de sus miembros y las resoluciones deberán contar con el voto favorable de más de la mitad de los presentes, salvo los casos especiales que establezca el reglamento.
Capitulo III: De la junta Directiva de los Consejeros Regionales
Art.27.- La junta Directiva del Consejo Regional estará integrada por un presidente, dos vice-presidentes, dos secretarios y dos vocales, debiendo estar representadas en ella cada una de las comunidades étnicas de la respectiva Región Autónoma. Su periodo será de dos años y tendrá las funciones que determinen el presente Estatuto y el Reglamento respectivo.
Art. 28.- Serán atribuciones de la junta Directiva del Consejo Regional:
1.- Coordinar sus actividades y las del Consejo con el Coordinador Regional y, a través del mismo, co los demás funcionarios regionales de los poderes del Estado.
2.- Convocar por medio de su presidente al Consejo Regional a reuniones ordinarias y extraordinarias y elaborar la agenda de las mismas.
3.- Nombrar comisiones permanentes y especiales para analizar y dictaminar sobre los asuntos de la administración de la región.
4.- realizar todas aquellas gestiones necesarias para el interés, bienestar y desarrollo de la región.
5.- Las demás que el presente Estatuto, otras leyes y reglamentos le otorguen.
Capitulo IV: Del Coordinador Regional
Art. 29.- Las funciones ejecutivas de la región recaerán sobre el Coordinador Regional
Art.30.- Serán funciones del Coordinador Regional:
1.- representar a su Región.
2.- nombrar a los funcionarios ejecutivos de la administración regional.
3.- Organizar y dirigir las actividades ejecutivas de la región.
4.- Gestionar asuntos de su competencia ante las autoridades nacionales.
5.- Cumplir y hacer cumplir las políticas, directrices y disposiciones del poder ejecutivo, de acuerdo con el presente Estatuto, leyes y reglamentos.
6.- Administrar el fondo especial de desarrollo y promoción social. De acuerdo a la política, establecidas por el Concejo Regional, y rendirle informes periódicos de su gestión, a través de la Junta Directiva.
7.- cumplir y hacer cumplir las ordenanzas del Consejo Regional.
8.- Las demás que el presente Estatuto y las leyes le confieren.
Art.31.- El cargo de Coordinador Regional es compatible con el cargo de representante de la Presidencia de la Republica en la Región.
TITULO III
Del presupuesto de las Regiones Autónomas
Capitulo único
Art. 32.- El Consejo Regional elaborará en coordinación co el Ministerio de Finanzas, el proyecto de presupuesto de su Región Autónoma para financiamiento de los proyectos regionales, el que estará conformado por:
1.- Los impuestos regionales de conformidad con el plan de arbitrios que incluirá gravámenes sobre los excedentes de las empresas que operan en la región.
2.- Fondos provenientes del Presupuesto General de la Republica.
Art.33.- Se establece un fondo especial de desarrollo y promoción social, proveniente de recursos internos y externos y otros ingresos extraordinarios no presupuestados, el que será destinado a inversiones sociales, productivas y culturales propias de las Regiones Autónomas.
TITULO IV
DEL PATRIMONIO DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS Y DE LA PROPIEDAD COMUNAL
Art. 34.- Constituye el patrimonio de la Región autónoma todos los bienes, derechos y obligaciones que por cualquier titulo adquiera como persona jurídica de Derecho Público.
Art.35.- La Región Autónoma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer de los bienes que integran su patrimonio, de conformidad con este Estatuto y las leyes.
Art. 36.- La propiedad comunal la constituye las tierras, aguas y bosques que han permanecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica, y están sujetas a las tradiciones disposiciones:
1.- Las tierras comunales son iriagenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles.
2.- Los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo de los bienes por el trabajo realizado.
Art.37.- Las otras formas de propiedades de la Región son las reconocidas por la Constitución Política de Nicaragua y las leyes.
Titulo V
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO
CAPITULO ÚNICO
Art. 38.- Las dos terceras partes de ambos Consejos Regionales podrán conjuntamente solicitar la reforma del presente Estatuto conforme los mecanismos establecidos por la Constitución Política de Nicaragua, el Estatuto general de la Asamblea Nacional y su Reglamento Interno.
TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
CAPITULO ÚNICO
Art.39.- La Asamblea Nacional, después de aprobado el presente Estatuto, convocara a elecciones de miembros del Consejo Regional, para cada una de las Regiones Autónomas. El Consejo Supremo Regional, para cada uno de los Consejos Regionales. El presidente del consejo Supremo Electoral procederá a organizarlas, dirigidas y a proclamar y publicar sus resultados, así como a entregar las credenciales a los electos.
Art.40.- La Asamblea Nacional fijará la fecha de instalación de cada uno de los Consejeros Regionales. El presidente del Consejo Supremo Electoral tomará la promesa de ley a los miembros declarados electos, les dará posesión de su cargo y presidirá la elección de su Junta Directiva.
Art. 41.- Una comisión especial de cada Consejo Regional procederá a organizar un acto solemne de toma de posesión con la asistencia del Presidente de la Republica o su delegado, y de los presidentes de la Asamblea Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral o sus Delegados.
Art.42.- Las zonas que se encuentran actualmente bajo la jurisdicción se incorporarán a su respectiva Región Autónoma a medida que las circunstancias lo permitan y que éstas sean definidas y determinadas por la Autónoma respectiva en coordinación con el Gobierno Central.
Art.43.- Las autoridades que a l fecha de vigencia de este Estatuto se encuentren ejerciendo sus funciones en cada una de las regiones continuaran haciéndolo mientras no tomen posesión lo que han de sustituirlos de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Art.44.- El presente Estatuto será reglamentado y ampliamente divulgado en el territorio nacional, en español y en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica.
Art.45.- El presente Estatuto entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.
Carlos Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional.
Rafael Solíz Cerda, Secretario de la Asamblea Nacional.
Téngase como ley de la Republica.
Publíquese y ejecútese.
Managua siete de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.
¡Aquí no se rinde nadie!
Daniel Ortega Saavedra, presidente de la Republica.
martes, 28 de julio de 2009
La batalla por la sobrevivencias de las lenguaso idiomas
Según la ONU, cerca del 90% de las lenguas indígenas del mundo desaparecerán durante este siglo y, con ellas, la mayoría de los conocimientos que aún guardan sus culturas milenarias. La mayoría de estas lenguas se concentran en pocos países, algunos de ellos con la imagen de ser territorios monolingües. Tal es el caso de Chile, donde el idioma oficial es el español. Un reportaje especial.
Por: Pedro Cayuqueo
Una forma de hablar, oír, pensar y representar el mundo desaparece para siempre cada quince días. Ese es el ritmo de extinción de las más de 6.700 lenguas que existen en el mundo. En sólo dos generaciones, según calculan los filólogos y los lingüistas, habrán desaparecido más de la mitad de estas lenguas, o, lo que es lo mismo, se habrán perdido casi 4.000 formas de decir la palabra “libertad”. Según la UNESCO, que declaró el 2008 como el Año Internacional de las Lenguas, éstas son vehículos de transmisión de los sistemas de valores y de las expresiones culturales, y constituyen un factor decisivo para la identidad de los pueblos y de las personas.
Aún siendo un componente esencial del patrimonio viviente de la humanidad, como las define la organización cultural y educativa de la ONU, más de la mitad se encuentran en grave peligro de extinción. De ellas, las más amenazadas corresponden a lenguas de pueblos originarios. Según la ONU, cerca del 90% de las lenguas indígenas del mundo desaparecerán durante este siglo y, con ellas, la mayoría de los conocimientos que aún guardan sus culturas milenarias. La mayoría de estas lenguas se concentran en pocos países, algunos de ellos con la imagen de ser territorios monolingües. Tal es el caso de Chile, donde el idioma oficial –y por tanto la única lengua de enseñanza obligatoria- es el español, a pesar de reconocer la Ley Indígena la existencia de ocho “etnias” originarias en el país. Desde 1993, año de promulgación de dicha legislación, al menos cinco lenguas indígenas se han extinguido en Chile, principalmente en los canales australes. “En Chile existen lenguas vitales y en peligro de extinción”, señala a Azkintuwe Necul Painemal, Encargado del Programa de Lenguas Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). “Las lenguas vitales son consideradas las lenguas Mapuche, Aymara y Rapa Nui. Las lenguas en peligro, por su reducido número de hablantes, son las lenguas Quechua, Kaweshqar y Yagán”, agrega. Según Painemal, estadísticas oficiales señalan que en Chile existe un 20% de personas indígenas que “hablan o que entienden” su lengua.
“De esta primera cifra lo que inferimos es que aquellos que “entienden” la lengua no necesariamente la hablan, por lo que ese porcentaje se reduce para los verdaderos hablantes en las comunidades”, precisa. En términos generales, en los jóvenes entre 10 y 18 años, solo un 10% reconoce hablar o entender la lengua de sus respectivos pueblos. “Esta situación de desempeño lingüístico nos muestra un panorama desolador, es una situación que consideramos de absolutamente crítica, y las proyecciones son que en una o dos generaciones más las lenguas vitales estarán en situación de riesgo inminente y serán consideradas también como lenguas en peligro”, advierte el lingüista.
Reconociendo esta situación, el gobierno elaboró una planificación de cinco años para enfrentar la crisis de las lenguas indígenas y promover su revitalización, señala Painemal. “Un primer paso fue la creación del Programa de Revitalización de las Lenguas Indígenas de Chile, elaborado en la Unidad de Cultura y Educación de la Dirección Nacional de CONADI, el año 2005”, indica. Su objetivo es ambicioso: la inserción de las lenguas vitales – Aymara, Rapa Nui y Mapuche- en el marco curricular de la educación básica chilena. El 2010 comenzaría a regir el subsector de lenguas indígenas dentro de la asignatura Lenguaje y Comunicación, uniéndose a la enseñanza del español y de los idiomas extranjeros como el inglés o francés, pronostica.
A corto plazo el Programa ya muestra sus primeros avances. Actualmente hay estudios de varias lenguas indígenas realizados entre los años 2007 y 2008; la realización de perfiles sociolingüísticos rurales y urbanos; la edición de textos escolares en lenguas indígenas; la creación de un sitio web (www.lenguasindigenas.cl) con un enfoque educativo y la conformación de dos Academias de la Lengua, una del Pueblo Rapa-Nui que data del 2005 y otra del Pueblo Aymara estrenada en septiembre de 2008. Una tercera, la Academia de la Lengua Mapuche, se encuentra por estos meses en la recta final de su conformación.
La entidad estará integrada por conocedores ancestrales de la lengua y especialistas del lenguaje, con sede en Temuko, donde se trabajará en el establecimiento de las bases teóricas del “mapuzugun”, lengua nacional de los mapuches. “Su fundación será el cierre de una extensa etapa de trabajo que implicó discusión al interior de diversas Comisiones Lingüísticas, integradas por personalidades de la sociedad mapuche, del quehacer tanto lingüístico como ancestral ligado a la cultura”, precisa Necul Painemal. Entre las metas de la entidad, que tendrá un estatus similar a la Academia Chilena de la Lengua Española, estarán el “promover y desarrollar la enseñanza y aprendizaje del mapuzugun, así como su uso habitual; revalorarla plenamente como lengua integrante de Chile, promover su reconocimiento constitucional y fortalecer y difundir las expresiones literarias, culturales y ancestrales del pueblo mapuche”, agrega el personero. “La importancia de esta institución, desde mi punto de vista personal, es muy grande. Una Academia no es un fin, es un instrumento, una herramienta, es un buen lugar que permitirá hacer estudios serios y a gran escala sobre nuestra lengua nacional, algo que nunca antes ha existido”, señala por su parte el profesor Rosendo Huisca.
Autor de numerosos artículos sobre mapuzugun, traductor de innumerables publicaciones y figura destacada del movimiento mapuche, Huisca a participado activamente en las Comisiones Lingüísticas que están diseñando la futura Academia. Y si bien reconoce el “deber” del Estado en la materia, Huisca es enfático en apuntar la responsabilidad de los propios mapuches al respecto.
“Yo creo que el gobierno chileno no tiene ninguna obligación de que el mapuzugun funcione, ellos solo cumplen con llevar adelante sus planes y programas. Desde mi visión, esta no es una responsabilidad tanto del estado o del gobierno, sino de nosotros como pueblo, de cada mapuche. Que nosotros hablemos el mapuzugun no pasa por lo que diga o no el gobierno. En otros países los pueblos han revitalizado sus lenguas, pero lo han hecho ellos mismos, han sido decisiones políticias, han luchado por ello y lo han conseguido”, reflexiona el académico.
Un problema político
Diversos factores inciden en el escenario adverso para las lenguas indígenas en Chile. Algunos de forma, como la no existencia de metodologías de enseñanza, de centros especializados, de profesores calificados y, sobre todo, de recursos públicos a disposición. Y otros claramente de fondo, “como el no reconocimiento oficial de Chile como país multicultural y plurilinguístico, lo que implicaría reconocer el derecho de cada pueblo a ser educado y comunicarse en su propia lengua”, apunta Jaqueline Caniguan, destacada lingüista y poeta de la zona lafkenche.
“Es urgente una definición política acerca de las lenguas indígenas en Chile”, señala Caniguan a Azkintuwe. “Se requiere una política lingüística que contribuya a valorar la riqueza de la diversidad cultural del país, pero debe ser una política que trascienda las llamadas regiones con ‘presencia indígena’. Hoy es la sociedad chilena en su conjunto quien debe ser educada en la diferencia y aprender que no sólo existe el español sino que aunque queden pocos, aún se oyen cantos, cuentos y conversaciones en otras lenguas en Chile”, subraya Caniguan.
Para el dirigente Víctor Naguil, imposible es separar la situación de colonialismo interno que viven los mapuches con el estado actual de su lengua nacional. “En su condición de independencia, la sociedad mapuche logró desplegar el mapuzugun por un amplio territorio en el cono sur de América. Testimonio de ello son los nombres que poseen hasta hoy innumerables lugares en la diversa geografía de Chile y Argentina. Sin embargo, la forma en que terminaron nombrándose y escribiéndose los nombres de ciudades, ríos, volcanes, lagos, etc., ha sido un reflejo claro de la derrota y posterior subordinación política que experimentamos como pueblo”, señala Naguil.
“Junto a la pérdida del poder político y la soberanía de Wallmapu, los mapuches perdimos el poder de nombrar las cosas en nuestra propia lengua. Este proceso colonial continúa en nuestros días”, subraya el dirigente. Quizás baste remitirse al sistema educativo. Actualmente, uno de los factores gravitantes en la pérdida del mapuzugun es la escuela, que eleva al español como única lengua de la “nación chilena”. De esta forma la escuela no solo sustituye en los niños mapuches una lengua por otra, sino que además les inculca actitudes de rechazo hacia el uso de aquella en que sus padres o abuelos aun se expresan y comunican.
Por ello, para Naguil -dirigente del Partido Mapuche Wallmapuwen- la lucha por revitalizar el mapuzugun es ante todo una lucha política. “El mapuzugun constituye el principal elemento de nuestra cultura, nos define como nación y es también la lengua propia del País Mapuche. Su desaparición constituiría la pérdida de nuestro principal patrimonio cultural e identitario”, indica. De allí que más allá del derrotero de las iniciativas gubernamentales, Naguil ponga el acento en la responsabilidad que le compete al propio movimiento mapuche.
“Si bien la existencia de una Academia de la Lengua es necesaria y urgente, su éxito no será garantizado si no nos movilizamos como pueblo en torno al uso social del mapuzugun y la promoción de nuestros derechos lingüísticos frente al Estado. Sólo una conducta militante por la lengua puede ofrecer las energías para que una política de revitalización cumpla sus objetivos”, señala.
“Como partido consideramos que la revitalización del mapuzugun se debiera asentar, muy especialmente, en la voluntad y en el compromiso de cada ciudadano del País Mapuche, sobretodo en aquellos que ostentan responsabilidades de liderazgo social, cultural y político”, enfatiza el dirigente. Y es que pese a las habituales declaraciones que proclaman su defensa, el mapuzugun todavía no concita la pasión y la voluntad colectiva de las organizaciones mapuches, la mayoría de las cuales –advierte el dirigente- ni siquiera se comunican en su lengua. “En la práctica el mapuzugun y nuestros derechos lingüísticos ocupan todavía un papel marginal en el movimiento mapuche”, reconoce Naguil.
“No podemos nosotros como mapuche dejar toda la responsabilidad al Estado, sino que en nuestro ser personal y colectivo como pueblo, las pequeñas acciones pueden ser el motor que levante, despierte, reviva el mapuzugun más allá de los discursos rituales o las frases de saludos y despedidas de los dirigentes en las reuniones”, indica por su parte Jaqueline Caniguan.
“Nuestra lengua espera paciente seguir viviendo en la boca de su gente, en el canto de los niños, en los chistes de reuniones. La revitalización de la lengua mapuche no puede circunscribirse solamente a programas gubernamentales, debe ir más allá de aquello. Actualmente las organizaciones mapuches son el nuevo agente educador que existe. Y así como hay llamados constantes a recuperar territorio, así como hay continuas marchas para que se libere a los presos políticos, las organizaciones y nuestros líderes debieran incluir en sus agendas la lucha por nuestros derechos lingüísticos”, subraya.
Coincide con este análisis Celeste Carilao, Encargada del Área Lingüística de Wallmapuwen y quien acaba de regresar a Chile desde el País Vasco. Invitada por la Fundación Garabide, Carilao permaneció un mes conociendo experiencias de revitalización lingüística del euskera en ciudades como Bilbao, Donostia, Gasteiz, Pamplona y Bayona. Un recorrido que, a su juicio, permite sacar valiosas lecciones.
“La principal característica del caso vasco es que los procesos de revitalización han partido desde los propias organizaciones sociales. La regla es que las instituciones públicas han respondido después, como reacción a la demanda social. Es decir, los vascos no han esperado que existan los instrumentos jurídicos pertinentes para empezar a demandar el respeto a sus lenguas, al contrario, ellos han llevado la iniciativa. Todos los avances que existen en Euskal Herria, donde el euskera es hoy oficial y de enseñanza obligatoria, es debido a las organizaciones sociales y el trabajo que ellas han hecho para concientizar lingüísticamente a los vascos”, señala.
A juicio de Carilao, la existencia de colectividades políticas nacionalistas sería pieza clave en el renacer de una lengua casi extinta hace 40 años. “Esto se ve en cosas concretas. Los ayuntamientos o municipios donde los nacionalistas vascos gobiernan disponen de presupuestos específicos para las acciones de revitalización y promoción del euskera. Al contrario, cuando gobiernan los partidos españoles, particularmente el Partido Popular, estos no hacen nada para promover la lengua vasca, por el contrario, muchas veces están en contra de estos procesos”, apunta. “El ejercicio del poder político, allí está la principal garantía del pueblo vasco para defender y proyectar hacia el futuro su lengua nacional”, resume.Cerca de 70 millones de euros invirtió este 2008 el gobierno vasco para revitalizar el euskera. Esta cifra opaca absolutamente los magros presupuestos destinados por el Estado chileno para revitalizar las principales lenguas indígenas a través de CONADI. Un factor clave en dicha inversión es la condición autónoma del pueblo vasco al interior de España y su facultad de recaudar impuestos. Y también de administrarlos. En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el Estado garantiza hoy a todos los ciudadanos la enseñanza del euskera y del español. Si un padre elige que su hijo aprenda el euskera, deberá aprender el castellano como una cátedra más y viceversa. En 25 años, los porcentajes de conocimiento del euskera se han triplicado. Así también el gobierno autonómico promueve el uso de la lengua en las instituciones públicas, la empresa privada, los medios de comunicación, la publicidad, el teatro, el cine y las artes en general.
Para el profesor Rosendo Huisca, tal vez este sería el camino a transitar para los mapuches en Chile. “Lo que suceda con nuestra lengua dependerá de nosotros. Acá en Chile se han publicado muchas leyes para solucionar los problemas de los indígenas y poco han servido. Mientras no tengamos un Estado propio, con leyes propias, no avanzaremos mucho en este tema. Si su aplicación depende de otros, las leyes solo son buenas intenciones escritas, no más que eso”, finaliza.
Por: Pedro Cayuqueo
Una forma de hablar, oír, pensar y representar el mundo desaparece para siempre cada quince días. Ese es el ritmo de extinción de las más de 6.700 lenguas que existen en el mundo. En sólo dos generaciones, según calculan los filólogos y los lingüistas, habrán desaparecido más de la mitad de estas lenguas, o, lo que es lo mismo, se habrán perdido casi 4.000 formas de decir la palabra “libertad”. Según la UNESCO, que declaró el 2008 como el Año Internacional de las Lenguas, éstas son vehículos de transmisión de los sistemas de valores y de las expresiones culturales, y constituyen un factor decisivo para la identidad de los pueblos y de las personas.
Aún siendo un componente esencial del patrimonio viviente de la humanidad, como las define la organización cultural y educativa de la ONU, más de la mitad se encuentran en grave peligro de extinción. De ellas, las más amenazadas corresponden a lenguas de pueblos originarios. Según la ONU, cerca del 90% de las lenguas indígenas del mundo desaparecerán durante este siglo y, con ellas, la mayoría de los conocimientos que aún guardan sus culturas milenarias. La mayoría de estas lenguas se concentran en pocos países, algunos de ellos con la imagen de ser territorios monolingües. Tal es el caso de Chile, donde el idioma oficial –y por tanto la única lengua de enseñanza obligatoria- es el español, a pesar de reconocer la Ley Indígena la existencia de ocho “etnias” originarias en el país. Desde 1993, año de promulgación de dicha legislación, al menos cinco lenguas indígenas se han extinguido en Chile, principalmente en los canales australes. “En Chile existen lenguas vitales y en peligro de extinción”, señala a Azkintuwe Necul Painemal, Encargado del Programa de Lenguas Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). “Las lenguas vitales son consideradas las lenguas Mapuche, Aymara y Rapa Nui. Las lenguas en peligro, por su reducido número de hablantes, son las lenguas Quechua, Kaweshqar y Yagán”, agrega. Según Painemal, estadísticas oficiales señalan que en Chile existe un 20% de personas indígenas que “hablan o que entienden” su lengua.
“De esta primera cifra lo que inferimos es que aquellos que “entienden” la lengua no necesariamente la hablan, por lo que ese porcentaje se reduce para los verdaderos hablantes en las comunidades”, precisa. En términos generales, en los jóvenes entre 10 y 18 años, solo un 10% reconoce hablar o entender la lengua de sus respectivos pueblos. “Esta situación de desempeño lingüístico nos muestra un panorama desolador, es una situación que consideramos de absolutamente crítica, y las proyecciones son que en una o dos generaciones más las lenguas vitales estarán en situación de riesgo inminente y serán consideradas también como lenguas en peligro”, advierte el lingüista.
Reconociendo esta situación, el gobierno elaboró una planificación de cinco años para enfrentar la crisis de las lenguas indígenas y promover su revitalización, señala Painemal. “Un primer paso fue la creación del Programa de Revitalización de las Lenguas Indígenas de Chile, elaborado en la Unidad de Cultura y Educación de la Dirección Nacional de CONADI, el año 2005”, indica. Su objetivo es ambicioso: la inserción de las lenguas vitales – Aymara, Rapa Nui y Mapuche- en el marco curricular de la educación básica chilena. El 2010 comenzaría a regir el subsector de lenguas indígenas dentro de la asignatura Lenguaje y Comunicación, uniéndose a la enseñanza del español y de los idiomas extranjeros como el inglés o francés, pronostica.
A corto plazo el Programa ya muestra sus primeros avances. Actualmente hay estudios de varias lenguas indígenas realizados entre los años 2007 y 2008; la realización de perfiles sociolingüísticos rurales y urbanos; la edición de textos escolares en lenguas indígenas; la creación de un sitio web (www.lenguasindigenas.cl) con un enfoque educativo y la conformación de dos Academias de la Lengua, una del Pueblo Rapa-Nui que data del 2005 y otra del Pueblo Aymara estrenada en septiembre de 2008. Una tercera, la Academia de la Lengua Mapuche, se encuentra por estos meses en la recta final de su conformación.
La entidad estará integrada por conocedores ancestrales de la lengua y especialistas del lenguaje, con sede en Temuko, donde se trabajará en el establecimiento de las bases teóricas del “mapuzugun”, lengua nacional de los mapuches. “Su fundación será el cierre de una extensa etapa de trabajo que implicó discusión al interior de diversas Comisiones Lingüísticas, integradas por personalidades de la sociedad mapuche, del quehacer tanto lingüístico como ancestral ligado a la cultura”, precisa Necul Painemal. Entre las metas de la entidad, que tendrá un estatus similar a la Academia Chilena de la Lengua Española, estarán el “promover y desarrollar la enseñanza y aprendizaje del mapuzugun, así como su uso habitual; revalorarla plenamente como lengua integrante de Chile, promover su reconocimiento constitucional y fortalecer y difundir las expresiones literarias, culturales y ancestrales del pueblo mapuche”, agrega el personero. “La importancia de esta institución, desde mi punto de vista personal, es muy grande. Una Academia no es un fin, es un instrumento, una herramienta, es un buen lugar que permitirá hacer estudios serios y a gran escala sobre nuestra lengua nacional, algo que nunca antes ha existido”, señala por su parte el profesor Rosendo Huisca.
Autor de numerosos artículos sobre mapuzugun, traductor de innumerables publicaciones y figura destacada del movimiento mapuche, Huisca a participado activamente en las Comisiones Lingüísticas que están diseñando la futura Academia. Y si bien reconoce el “deber” del Estado en la materia, Huisca es enfático en apuntar la responsabilidad de los propios mapuches al respecto.
“Yo creo que el gobierno chileno no tiene ninguna obligación de que el mapuzugun funcione, ellos solo cumplen con llevar adelante sus planes y programas. Desde mi visión, esta no es una responsabilidad tanto del estado o del gobierno, sino de nosotros como pueblo, de cada mapuche. Que nosotros hablemos el mapuzugun no pasa por lo que diga o no el gobierno. En otros países los pueblos han revitalizado sus lenguas, pero lo han hecho ellos mismos, han sido decisiones políticias, han luchado por ello y lo han conseguido”, reflexiona el académico.
Un problema político
Diversos factores inciden en el escenario adverso para las lenguas indígenas en Chile. Algunos de forma, como la no existencia de metodologías de enseñanza, de centros especializados, de profesores calificados y, sobre todo, de recursos públicos a disposición. Y otros claramente de fondo, “como el no reconocimiento oficial de Chile como país multicultural y plurilinguístico, lo que implicaría reconocer el derecho de cada pueblo a ser educado y comunicarse en su propia lengua”, apunta Jaqueline Caniguan, destacada lingüista y poeta de la zona lafkenche.
“Es urgente una definición política acerca de las lenguas indígenas en Chile”, señala Caniguan a Azkintuwe. “Se requiere una política lingüística que contribuya a valorar la riqueza de la diversidad cultural del país, pero debe ser una política que trascienda las llamadas regiones con ‘presencia indígena’. Hoy es la sociedad chilena en su conjunto quien debe ser educada en la diferencia y aprender que no sólo existe el español sino que aunque queden pocos, aún se oyen cantos, cuentos y conversaciones en otras lenguas en Chile”, subraya Caniguan.
Para el dirigente Víctor Naguil, imposible es separar la situación de colonialismo interno que viven los mapuches con el estado actual de su lengua nacional. “En su condición de independencia, la sociedad mapuche logró desplegar el mapuzugun por un amplio territorio en el cono sur de América. Testimonio de ello son los nombres que poseen hasta hoy innumerables lugares en la diversa geografía de Chile y Argentina. Sin embargo, la forma en que terminaron nombrándose y escribiéndose los nombres de ciudades, ríos, volcanes, lagos, etc., ha sido un reflejo claro de la derrota y posterior subordinación política que experimentamos como pueblo”, señala Naguil.
“Junto a la pérdida del poder político y la soberanía de Wallmapu, los mapuches perdimos el poder de nombrar las cosas en nuestra propia lengua. Este proceso colonial continúa en nuestros días”, subraya el dirigente. Quizás baste remitirse al sistema educativo. Actualmente, uno de los factores gravitantes en la pérdida del mapuzugun es la escuela, que eleva al español como única lengua de la “nación chilena”. De esta forma la escuela no solo sustituye en los niños mapuches una lengua por otra, sino que además les inculca actitudes de rechazo hacia el uso de aquella en que sus padres o abuelos aun se expresan y comunican.
Por ello, para Naguil -dirigente del Partido Mapuche Wallmapuwen- la lucha por revitalizar el mapuzugun es ante todo una lucha política. “El mapuzugun constituye el principal elemento de nuestra cultura, nos define como nación y es también la lengua propia del País Mapuche. Su desaparición constituiría la pérdida de nuestro principal patrimonio cultural e identitario”, indica. De allí que más allá del derrotero de las iniciativas gubernamentales, Naguil ponga el acento en la responsabilidad que le compete al propio movimiento mapuche.
“Si bien la existencia de una Academia de la Lengua es necesaria y urgente, su éxito no será garantizado si no nos movilizamos como pueblo en torno al uso social del mapuzugun y la promoción de nuestros derechos lingüísticos frente al Estado. Sólo una conducta militante por la lengua puede ofrecer las energías para que una política de revitalización cumpla sus objetivos”, señala.
“Como partido consideramos que la revitalización del mapuzugun se debiera asentar, muy especialmente, en la voluntad y en el compromiso de cada ciudadano del País Mapuche, sobretodo en aquellos que ostentan responsabilidades de liderazgo social, cultural y político”, enfatiza el dirigente. Y es que pese a las habituales declaraciones que proclaman su defensa, el mapuzugun todavía no concita la pasión y la voluntad colectiva de las organizaciones mapuches, la mayoría de las cuales –advierte el dirigente- ni siquiera se comunican en su lengua. “En la práctica el mapuzugun y nuestros derechos lingüísticos ocupan todavía un papel marginal en el movimiento mapuche”, reconoce Naguil.
“No podemos nosotros como mapuche dejar toda la responsabilidad al Estado, sino que en nuestro ser personal y colectivo como pueblo, las pequeñas acciones pueden ser el motor que levante, despierte, reviva el mapuzugun más allá de los discursos rituales o las frases de saludos y despedidas de los dirigentes en las reuniones”, indica por su parte Jaqueline Caniguan.
“Nuestra lengua espera paciente seguir viviendo en la boca de su gente, en el canto de los niños, en los chistes de reuniones. La revitalización de la lengua mapuche no puede circunscribirse solamente a programas gubernamentales, debe ir más allá de aquello. Actualmente las organizaciones mapuches son el nuevo agente educador que existe. Y así como hay llamados constantes a recuperar territorio, así como hay continuas marchas para que se libere a los presos políticos, las organizaciones y nuestros líderes debieran incluir en sus agendas la lucha por nuestros derechos lingüísticos”, subraya.
Coincide con este análisis Celeste Carilao, Encargada del Área Lingüística de Wallmapuwen y quien acaba de regresar a Chile desde el País Vasco. Invitada por la Fundación Garabide, Carilao permaneció un mes conociendo experiencias de revitalización lingüística del euskera en ciudades como Bilbao, Donostia, Gasteiz, Pamplona y Bayona. Un recorrido que, a su juicio, permite sacar valiosas lecciones.
“La principal característica del caso vasco es que los procesos de revitalización han partido desde los propias organizaciones sociales. La regla es que las instituciones públicas han respondido después, como reacción a la demanda social. Es decir, los vascos no han esperado que existan los instrumentos jurídicos pertinentes para empezar a demandar el respeto a sus lenguas, al contrario, ellos han llevado la iniciativa. Todos los avances que existen en Euskal Herria, donde el euskera es hoy oficial y de enseñanza obligatoria, es debido a las organizaciones sociales y el trabajo que ellas han hecho para concientizar lingüísticamente a los vascos”, señala.
A juicio de Carilao, la existencia de colectividades políticas nacionalistas sería pieza clave en el renacer de una lengua casi extinta hace 40 años. “Esto se ve en cosas concretas. Los ayuntamientos o municipios donde los nacionalistas vascos gobiernan disponen de presupuestos específicos para las acciones de revitalización y promoción del euskera. Al contrario, cuando gobiernan los partidos españoles, particularmente el Partido Popular, estos no hacen nada para promover la lengua vasca, por el contrario, muchas veces están en contra de estos procesos”, apunta. “El ejercicio del poder político, allí está la principal garantía del pueblo vasco para defender y proyectar hacia el futuro su lengua nacional”, resume.Cerca de 70 millones de euros invirtió este 2008 el gobierno vasco para revitalizar el euskera. Esta cifra opaca absolutamente los magros presupuestos destinados por el Estado chileno para revitalizar las principales lenguas indígenas a través de CONADI. Un factor clave en dicha inversión es la condición autónoma del pueblo vasco al interior de España y su facultad de recaudar impuestos. Y también de administrarlos. En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el Estado garantiza hoy a todos los ciudadanos la enseñanza del euskera y del español. Si un padre elige que su hijo aprenda el euskera, deberá aprender el castellano como una cátedra más y viceversa. En 25 años, los porcentajes de conocimiento del euskera se han triplicado. Así también el gobierno autonómico promueve el uso de la lengua en las instituciones públicas, la empresa privada, los medios de comunicación, la publicidad, el teatro, el cine y las artes en general.
Para el profesor Rosendo Huisca, tal vez este sería el camino a transitar para los mapuches en Chile. “Lo que suceda con nuestra lengua dependerá de nosotros. Acá en Chile se han publicado muchas leyes para solucionar los problemas de los indígenas y poco han servido. Mientras no tengamos un Estado propio, con leyes propias, no avanzaremos mucho en este tema. Si su aplicación depende de otros, las leyes solo son buenas intenciones escritas, no más que eso”, finaliza.
Propuestas y recomendaciones relativas al pueblo Rapa-nui y un Nuevo Estatuto de Administración
Centro de estudios chiloeautonomo
La Comisión ha constatado que existió un Acuerdo de Voluntades entre el Estado chileno y los gobernantes Rapa Nui, el que fue suscrito el 9 de Septiembre de 1888, por el Rey Atamu Tekena secundado por el Consejo de Jefes Rapa Nui, en representación del Pueblo Rapa Nui, y por el Capitán de Corbeta Policarpo Toro Hurtado, en representación del Estado de Chile, cuya copia escrita fue puesta a disposición de la Comisión por los representantes del Pueblo Rapa Nui.
La Comisión, tras examinar el texto del aludido documento, se ha formado convicción que el objetivo específico del dicho “Acuerdo de Voluntades” era definir las bases institucionales mínimas para una relación ecuánime entre el Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui, lo que se evidencia del contenido normativo del documento, donde fue convenido lo siguiente:
- La cesión indefinida y sin reserva de la soberanía de la isla al Estado de Chile;
- el reconocimiento por expresa reserva de la investidura de los jefes Rapa Nui;
- el reconocimiento del derecho de propiedad de los Rapa Nui sobre todo el territorio insular; y
- el compromiso del Estado chileno de garantizar el bienestar y desarrollo de los Rapa Nui y darles protección.
La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato se hace un deber dejar constancia que la evidencia histórica disponible demuestra que los Rapa Nui aceptaron sin reserva la soberanía del Estado chileno. En tanto, los sucesos históricos posteriores al acuerdo, y que constan en la Primera Parte de este informe, dan cuenta que Chile hasta el año 1966 no habría cumplido cabalmente los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo de voluntades, lo que se expresa en los siguientes hechos relevantes:
- El Estado chileno no cumplió el acuerdo respecto al reconocimiento de la autoridad de dichos jefes tradicionales Rapa Nui, imponiendo sin contrapeso la institucionalidad del Estado chileno.
- El Estado chileno no cumplió el acuerdo respecto al reconocimiento de los derechos de propiedad Rapa Nui sobre el territorio, lo que se expresa, primero, en el otorgamiento de la Isla en arriendo a particulares, como es el caso de Enrique Merlet y la Sociedad Explotadora de Isla de Pascua Williamson & Balfour, y, segundo, en la inscripción a nombre del fisco en el año 1933 de toda la isla, fundado en el artículo 590 del Código Civil, esto es en el hecho de no pertenecer la isla a otro dueño desconociendo expresamente los derechos de propiedad de los Rapa Nui.
- El Estado de Chile no cumplió el acuerdo de voluntades en lo que respecta a garantizar el bienestar y desarrollo de los Rapa Nui y darles debida protección, pues según han evidenciado los documentos históricos, durante 78 años los Rapa Nui fueron objeto de graves violaciones a sus derechos fundamentales, viviendo en la más absoluta postergación.
No obstante, la Comisión se hace un deber dejar constancia que a partir del año 1953 la relación entre el Pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile empezó a experimentar un proceso de notable mejoría, la que tiene su momento culminante en 1966 con la promulgación de La Ley 16.641. Este cambio de relación se expresa en una sucesión de hechos que demuestran que el Estado de Chile paulatinamente ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Pueblo Rapa Nui, en los siguientes ámbitos:
- Derechos de propiedad sobre la tierra: Desde el año 1953, se observa un cierto cambio, habiendo permitido el Estado el acceso de los Rapa Nui a la tierra, mediante el otorgamiento en dominio de parcelas de 5 hectáreas a matrimonios recién constituido. Como resultado de esta política los Rapa Nui accedieron al dominio o posesión exclusiva de aproximadamente 2.700 hectáreas.
La Comisión deja constancia que los avances en lo que respecta al acceso de los Rapa Nui a las tierras han sido notables, lo que se expresa en hechos muy concretos como que desde la puesta en vigencia de la Ley 19.253 se han restituido a los Rapa Nui 1.500 hectáreas de terrenos beneficiando a 280 familias y que se encuentra en proceso de ejecución la segunda etapa del programa de restitución de tierras, a través del cual se pretende satisfacer toda la demanda individual de tierras de los miembros del Pueblos Rapa Nui.
- Derechos de protección y desarrollo: Desde la entrada en vigencia de la Ley 16.641 de 1966, los Rapa Nui acceden con plenitud de derechos a la ciudadanía chilena. Se instalan en Rapa Nui los servicios públicos a cargo de velar por el bienestar y el desarrollo de los Rapa Nui, situación que en la actualidad se traduce en una importante inversión pública en Isla de Pascua y apoyo estatal permanente al Pueblo Rapa Nui. Además, el Estado de Chile ha dotado a dicho territorio con infraestructura de caminos, aeropuerto y servicios, que permiten a sus habitantes gozar de todos los beneficios de la modernidad.
- Derechos de participación: La Ley 19.253 de 1993, actualmente vigente, ha profundizado los derechos Rapa Nui en el ámbito de la participación. En efecto, esta normativa contiene normas especiales que garantizan la participación Rapa Nui en las decisiones políticas de asuntos que los afecten, relativos al acceso a la tierra, al desarrollo y protección del patrimonio cultural, a través de su participación en la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Dicha entidad, creada por la Ley 19.253 de 1993, tienen atribuciones para proponer al Presidente de la República la desafectación, transferencia y uso de las tierras en Isla de Pascua; formular y ejecutar planes programas y/o proyectos de desarrollo, protección del medio ambiente, protección de los recursos naturales y preservación del patrimonio cultural; y colaborar con las instancias de gobierno que corresponda en la administración del patrimonio arqueológico Rapa Nui. La Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, está constituida, entre otros, por representantes Rapa Nui, elegidos a través de un sistema de elección directa, que se sustenta en un registro electoral abierto y universal, al que tienen derecho todos los Rapa Nui, mayores de edad, que voluntariamente se inscriban en dicho registro. Además, la Ley 19.253 reconoce expresamente al Consejo de Ancianos Rapa Nui y garantiza su participación en la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua a través de su Presidente.
En base a estos antecedentes, es la convicción de la Comisión que es necesario continuar en la línea de mejorar las relaciones del Estado de Chile con el Pueblo Rapa Nui y que con este objetivo corresponde profundizar el ámbito de derechos reconocidos por la legislación al Pueblo Rapa Nui y sus integrantes.
Habida consideración de lo expuesto y, además, de las particularidades geográficas de Isla de Pascua y la composición étnica y demográfica que la caracteriza, la Comisión es de la opinión que los compromisos adquiridos entre el Pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile en virtud del “Acuerdo de Voluntades” tienen plena contemporaneidad y abordan de manera inmejorable las bases de una relación equitativa entre el Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui, en la actual coyuntura histórica. En este marco, se recomienda la adopción de las siguientes medidas:
Ratificación del acuerdo de voluntades por el Congreso Nacional el que deberá ser aprobado como materia de Ley, por contener normas de carácter general y obligatorias que estatuyen las bases esenciales del ordenamiento jurídico que regulará en lo sucesivo la relación del Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 N° 20 de la Constitución Política de la República.
Otorgar un estatuto de autonomía para Isla de Pascua, de conformidad a los presupuestos normativos del “Acuerdo de Voluntades”.
Reconocer el derecho exclusivo de los Rapa Nui a acceder a la propiedad de las tierras en Isla de Pascua, y promover planes y programas para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho. Para estos efectos deberá derogarse el artículo 1° del D.L. 2.885 de 1979, actualmente vigente por expresa disposición del artículo 79 de la Ley 19.253 de 1993, que permite que personas de origen no Rapa Nui sean beneficiarios (as) de tierras en Isla de Pascua.
Promover y financiar planes y programas, cuyo objeto sea garantizar el bienestar y desarrollo del Pueblo Rapa Nui. En este marco, se estima como prioritario dotar a Isla de Pascua de un presupuesto propio que permita financiar dichos planes y programas, el que debiera ser definido por el Ejecutivo a nivel central en coordinación directa con las autoridades reconocidas en Isla de Pascua[4].
[4] Dichas autoridades en la actualidad son: Gobernador Provincial, Alcalde y Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Posteriormente, en caso de aprobarse un estatuto de autonomía, las autoridades en referencia serán las que reconozca dicho estatuto de autonomía.
La Comisión ha constatado que existió un Acuerdo de Voluntades entre el Estado chileno y los gobernantes Rapa Nui, el que fue suscrito el 9 de Septiembre de 1888, por el Rey Atamu Tekena secundado por el Consejo de Jefes Rapa Nui, en representación del Pueblo Rapa Nui, y por el Capitán de Corbeta Policarpo Toro Hurtado, en representación del Estado de Chile, cuya copia escrita fue puesta a disposición de la Comisión por los representantes del Pueblo Rapa Nui.
La Comisión, tras examinar el texto del aludido documento, se ha formado convicción que el objetivo específico del dicho “Acuerdo de Voluntades” era definir las bases institucionales mínimas para una relación ecuánime entre el Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui, lo que se evidencia del contenido normativo del documento, donde fue convenido lo siguiente:
- La cesión indefinida y sin reserva de la soberanía de la isla al Estado de Chile;
- el reconocimiento por expresa reserva de la investidura de los jefes Rapa Nui;
- el reconocimiento del derecho de propiedad de los Rapa Nui sobre todo el territorio insular; y
- el compromiso del Estado chileno de garantizar el bienestar y desarrollo de los Rapa Nui y darles protección.
La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato se hace un deber dejar constancia que la evidencia histórica disponible demuestra que los Rapa Nui aceptaron sin reserva la soberanía del Estado chileno. En tanto, los sucesos históricos posteriores al acuerdo, y que constan en la Primera Parte de este informe, dan cuenta que Chile hasta el año 1966 no habría cumplido cabalmente los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo de voluntades, lo que se expresa en los siguientes hechos relevantes:
- El Estado chileno no cumplió el acuerdo respecto al reconocimiento de la autoridad de dichos jefes tradicionales Rapa Nui, imponiendo sin contrapeso la institucionalidad del Estado chileno.
- El Estado chileno no cumplió el acuerdo respecto al reconocimiento de los derechos de propiedad Rapa Nui sobre el territorio, lo que se expresa, primero, en el otorgamiento de la Isla en arriendo a particulares, como es el caso de Enrique Merlet y la Sociedad Explotadora de Isla de Pascua Williamson & Balfour, y, segundo, en la inscripción a nombre del fisco en el año 1933 de toda la isla, fundado en el artículo 590 del Código Civil, esto es en el hecho de no pertenecer la isla a otro dueño desconociendo expresamente los derechos de propiedad de los Rapa Nui.
- El Estado de Chile no cumplió el acuerdo de voluntades en lo que respecta a garantizar el bienestar y desarrollo de los Rapa Nui y darles debida protección, pues según han evidenciado los documentos históricos, durante 78 años los Rapa Nui fueron objeto de graves violaciones a sus derechos fundamentales, viviendo en la más absoluta postergación.
No obstante, la Comisión se hace un deber dejar constancia que a partir del año 1953 la relación entre el Pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile empezó a experimentar un proceso de notable mejoría, la que tiene su momento culminante en 1966 con la promulgación de La Ley 16.641. Este cambio de relación se expresa en una sucesión de hechos que demuestran que el Estado de Chile paulatinamente ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Pueblo Rapa Nui, en los siguientes ámbitos:
- Derechos de propiedad sobre la tierra: Desde el año 1953, se observa un cierto cambio, habiendo permitido el Estado el acceso de los Rapa Nui a la tierra, mediante el otorgamiento en dominio de parcelas de 5 hectáreas a matrimonios recién constituido. Como resultado de esta política los Rapa Nui accedieron al dominio o posesión exclusiva de aproximadamente 2.700 hectáreas.
La Comisión deja constancia que los avances en lo que respecta al acceso de los Rapa Nui a las tierras han sido notables, lo que se expresa en hechos muy concretos como que desde la puesta en vigencia de la Ley 19.253 se han restituido a los Rapa Nui 1.500 hectáreas de terrenos beneficiando a 280 familias y que se encuentra en proceso de ejecución la segunda etapa del programa de restitución de tierras, a través del cual se pretende satisfacer toda la demanda individual de tierras de los miembros del Pueblos Rapa Nui.
- Derechos de protección y desarrollo: Desde la entrada en vigencia de la Ley 16.641 de 1966, los Rapa Nui acceden con plenitud de derechos a la ciudadanía chilena. Se instalan en Rapa Nui los servicios públicos a cargo de velar por el bienestar y el desarrollo de los Rapa Nui, situación que en la actualidad se traduce en una importante inversión pública en Isla de Pascua y apoyo estatal permanente al Pueblo Rapa Nui. Además, el Estado de Chile ha dotado a dicho territorio con infraestructura de caminos, aeropuerto y servicios, que permiten a sus habitantes gozar de todos los beneficios de la modernidad.
- Derechos de participación: La Ley 19.253 de 1993, actualmente vigente, ha profundizado los derechos Rapa Nui en el ámbito de la participación. En efecto, esta normativa contiene normas especiales que garantizan la participación Rapa Nui en las decisiones políticas de asuntos que los afecten, relativos al acceso a la tierra, al desarrollo y protección del patrimonio cultural, a través de su participación en la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Dicha entidad, creada por la Ley 19.253 de 1993, tienen atribuciones para proponer al Presidente de la República la desafectación, transferencia y uso de las tierras en Isla de Pascua; formular y ejecutar planes programas y/o proyectos de desarrollo, protección del medio ambiente, protección de los recursos naturales y preservación del patrimonio cultural; y colaborar con las instancias de gobierno que corresponda en la administración del patrimonio arqueológico Rapa Nui. La Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, está constituida, entre otros, por representantes Rapa Nui, elegidos a través de un sistema de elección directa, que se sustenta en un registro electoral abierto y universal, al que tienen derecho todos los Rapa Nui, mayores de edad, que voluntariamente se inscriban en dicho registro. Además, la Ley 19.253 reconoce expresamente al Consejo de Ancianos Rapa Nui y garantiza su participación en la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua a través de su Presidente.
En base a estos antecedentes, es la convicción de la Comisión que es necesario continuar en la línea de mejorar las relaciones del Estado de Chile con el Pueblo Rapa Nui y que con este objetivo corresponde profundizar el ámbito de derechos reconocidos por la legislación al Pueblo Rapa Nui y sus integrantes.
Habida consideración de lo expuesto y, además, de las particularidades geográficas de Isla de Pascua y la composición étnica y demográfica que la caracteriza, la Comisión es de la opinión que los compromisos adquiridos entre el Pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile en virtud del “Acuerdo de Voluntades” tienen plena contemporaneidad y abordan de manera inmejorable las bases de una relación equitativa entre el Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui, en la actual coyuntura histórica. En este marco, se recomienda la adopción de las siguientes medidas:
Ratificación del acuerdo de voluntades por el Congreso Nacional el que deberá ser aprobado como materia de Ley, por contener normas de carácter general y obligatorias que estatuyen las bases esenciales del ordenamiento jurídico que regulará en lo sucesivo la relación del Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 N° 20 de la Constitución Política de la República.
Otorgar un estatuto de autonomía para Isla de Pascua, de conformidad a los presupuestos normativos del “Acuerdo de Voluntades”.
Reconocer el derecho exclusivo de los Rapa Nui a acceder a la propiedad de las tierras en Isla de Pascua, y promover planes y programas para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho. Para estos efectos deberá derogarse el artículo 1° del D.L. 2.885 de 1979, actualmente vigente por expresa disposición del artículo 79 de la Ley 19.253 de 1993, que permite que personas de origen no Rapa Nui sean beneficiarios (as) de tierras en Isla de Pascua.
Promover y financiar planes y programas, cuyo objeto sea garantizar el bienestar y desarrollo del Pueblo Rapa Nui. En este marco, se estima como prioritario dotar a Isla de Pascua de un presupuesto propio que permita financiar dichos planes y programas, el que debiera ser definido por el Ejecutivo a nivel central en coordinación directa con las autoridades reconocidas en Isla de Pascua[4].
[4] Dichas autoridades en la actualidad son: Gobernador Provincial, Alcalde y Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Posteriormente, en caso de aprobarse un estatuto de autonomía, las autoridades en referencia serán las que reconozca dicho estatuto de autonomía.
Sobrela Autonómia del pueblo Rapa- nui
por: Colectivo lientur
Declaración Pública desde Santiago.
Sobre la autonomía del Pueblo Rapa-Nui
Colectivo Lientur / 31 de julio de 2003
Nuestras organizaciones del Pueblo Mapuche en la Región metropolitana tienen el deber de comunicar a la opinión pública indígena y no indígena, en el país y en el continente, y muy en particular a todos los dirigentes que propugnan los procesos de autonomía como alternativa a las condiciones de dominación y despojo en que viven los pueblos indígenas; a ellos tenemos el agrado de comunicar lo siguiente:1. Son intensas y valiosas las gestiones que realizan desde hace bastante tiempo los dirigentes del Pueblo Rapa Nui para conseguir la Autonomía y Control Territorial de Te pito te Henua, su isla ancestral y sobre la cual perdieron la soberanía por la irrupción violenta de representantes del Estado Chileno comandado por el Capitán de Corbeta Policarpo Toro en 1888. Fecha en la cual se habría suscrito el presunto acuerdo de voluntades entre el Estado y el Ariki Atamu Tekena, autoridad tradicional y oficial en la época de todos los Rapa Nui. Que sin embargo el Estado chileno jamás firmó, como está sobradamente documentado.2. Las organizaciones mapuches firmantes hacemos un amplio llamado a la sociedad chilena y a nuestros pueblos indígenas a respaldar con todas sus fuerzas la decisión soberana del Pueblo Rapa Nui de exigir la Autonomía y administración Jurídica de su isla. Queremos precisar que la autonomía que los pueblos originarios reclamamos la hemos entendido no como independencia ni secesión del Estado chileno. Sino como un espacio de transformación de la administración centralizada que actualmente impera y como la posibilidad de ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación. En este sentido el autogobierno se ejercerá en el marco del Estatuto Autonómico acordado y no como una suerte de separatismo, como pretenden descalificarlo algunos sectores políticos anti-indígenas.3. Queremos puntualizar que existen algunos intereses continentales y transnacionales que presionan para negar la Autonomía en la isla y que por tanto violentan el derecho del Pueblo Rapa Nui a administrar, gestionar y gozar de los beneficios que se obtengan de su Isla. Una comisión integrada por el Ministerio del Interior, la subsecretaría de desarrollo regional y autoridades políticas mantienen saludables negociaciones con representantes del pueblo Rapa Nui. Deseamos que estas negociaciones no sean enturbiadas por los chauvinismo y patrioterismo tan propio de algunos sectores políticos conservadores que niegan toda posibilidad de desarrollo a nuestros pueblos y sueñan con un Chile monoétnico que nada tiene que ver con el Chile valioso, multicultural y diverso que realmente existe hoy.4. Chile aún no reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas en su Constitución. Las organizaciones del Pueblo Mapuche consideramos que la única posibilidad para el verdadero desarrollo del Pueblo Rapa Nui es crear un Estatuto o Provincia Autónoma que otorgue autogobierno en las decisiones que involucren a esta nacionalidad indígena. No es posible que más del 80 por ciento de las decisiones sobre el accionar en la Isla sean tomadas en el continente, que más de la mitad la Isla sea administrada por foráneos, que cerca del 90 por ciento de sus ingresos no se inviertan en ella sino que sean remitidos al continente; que hasta la Parroquia de Rapa Nui sea controlada por el Obispado de la Araucanía.5. Las políticas de integración fracasaron como fracasan en otros Pueblos, una alternativa de autodesarrollo ha sido generada por los propios pueblos indígenas y así sobresalen en América la autonomía de la Costa Atlántica Nicaragüense administrada por el pueblo Miskito; la Autonomía de los estados de Nunavut y Nunavik en Canadá en manos del pueblo INUIT; la Autonomía de la Región del Cauca en Colombia y las Comarcas Emberá y Kuna en Panamá. La Autonomía Rapa Nui es un esfuerzo de todo el movimiento indígena de América y es observado por millones de representantes de los pueblos originarios para la construcción de países diversos y con respeto a los derechos humanos unos de los más significativos es nuestro derecho a la Autodeterminación y como expresión de ese derecho el autogobernarnos en el marco de los estados nacionales. El derecho a ser nosotros mismos.6. Hoy conquista su Autonomía el Pueblo Rapa Nui, mañana el Pueblo Mapuche y todos los Pueblos Originarios que ahora ven sometidos y conculcados sus derechos por Estados intolerantes. Adelante hermanos, unidad y esfuerzo.Amuleaiñ, Marichiwew
Declaración Pública desde Santiago.
Sobre la autonomía del Pueblo Rapa-Nui
Colectivo Lientur / 31 de julio de 2003
Nuestras organizaciones del Pueblo Mapuche en la Región metropolitana tienen el deber de comunicar a la opinión pública indígena y no indígena, en el país y en el continente, y muy en particular a todos los dirigentes que propugnan los procesos de autonomía como alternativa a las condiciones de dominación y despojo en que viven los pueblos indígenas; a ellos tenemos el agrado de comunicar lo siguiente:1. Son intensas y valiosas las gestiones que realizan desde hace bastante tiempo los dirigentes del Pueblo Rapa Nui para conseguir la Autonomía y Control Territorial de Te pito te Henua, su isla ancestral y sobre la cual perdieron la soberanía por la irrupción violenta de representantes del Estado Chileno comandado por el Capitán de Corbeta Policarpo Toro en 1888. Fecha en la cual se habría suscrito el presunto acuerdo de voluntades entre el Estado y el Ariki Atamu Tekena, autoridad tradicional y oficial en la época de todos los Rapa Nui. Que sin embargo el Estado chileno jamás firmó, como está sobradamente documentado.2. Las organizaciones mapuches firmantes hacemos un amplio llamado a la sociedad chilena y a nuestros pueblos indígenas a respaldar con todas sus fuerzas la decisión soberana del Pueblo Rapa Nui de exigir la Autonomía y administración Jurídica de su isla. Queremos precisar que la autonomía que los pueblos originarios reclamamos la hemos entendido no como independencia ni secesión del Estado chileno. Sino como un espacio de transformación de la administración centralizada que actualmente impera y como la posibilidad de ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación. En este sentido el autogobierno se ejercerá en el marco del Estatuto Autonómico acordado y no como una suerte de separatismo, como pretenden descalificarlo algunos sectores políticos anti-indígenas.3. Queremos puntualizar que existen algunos intereses continentales y transnacionales que presionan para negar la Autonomía en la isla y que por tanto violentan el derecho del Pueblo Rapa Nui a administrar, gestionar y gozar de los beneficios que se obtengan de su Isla. Una comisión integrada por el Ministerio del Interior, la subsecretaría de desarrollo regional y autoridades políticas mantienen saludables negociaciones con representantes del pueblo Rapa Nui. Deseamos que estas negociaciones no sean enturbiadas por los chauvinismo y patrioterismo tan propio de algunos sectores políticos conservadores que niegan toda posibilidad de desarrollo a nuestros pueblos y sueñan con un Chile monoétnico que nada tiene que ver con el Chile valioso, multicultural y diverso que realmente existe hoy.4. Chile aún no reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas en su Constitución. Las organizaciones del Pueblo Mapuche consideramos que la única posibilidad para el verdadero desarrollo del Pueblo Rapa Nui es crear un Estatuto o Provincia Autónoma que otorgue autogobierno en las decisiones que involucren a esta nacionalidad indígena. No es posible que más del 80 por ciento de las decisiones sobre el accionar en la Isla sean tomadas en el continente, que más de la mitad la Isla sea administrada por foráneos, que cerca del 90 por ciento de sus ingresos no se inviertan en ella sino que sean remitidos al continente; que hasta la Parroquia de Rapa Nui sea controlada por el Obispado de la Araucanía.5. Las políticas de integración fracasaron como fracasan en otros Pueblos, una alternativa de autodesarrollo ha sido generada por los propios pueblos indígenas y así sobresalen en América la autonomía de la Costa Atlántica Nicaragüense administrada por el pueblo Miskito; la Autonomía de los estados de Nunavut y Nunavik en Canadá en manos del pueblo INUIT; la Autonomía de la Región del Cauca en Colombia y las Comarcas Emberá y Kuna en Panamá. La Autonomía Rapa Nui es un esfuerzo de todo el movimiento indígena de América y es observado por millones de representantes de los pueblos originarios para la construcción de países diversos y con respeto a los derechos humanos unos de los más significativos es nuestro derecho a la Autodeterminación y como expresión de ese derecho el autogobernarnos en el marco de los estados nacionales. El derecho a ser nosotros mismos.6. Hoy conquista su Autonomía el Pueblo Rapa Nui, mañana el Pueblo Mapuche y todos los Pueblos Originarios que ahora ven sometidos y conculcados sus derechos por Estados intolerantes. Adelante hermanos, unidad y esfuerzo.Amuleaiñ, Marichiwew
Mitos de la noche de San juan
La noche de San Juan, y su historia
Por: Renato cardenas
San Agustín hace la observación de que la Iglesia celebra la fiesta de los santos en el día de su muerte. Pero, en el caso de San Juan Bautista, hace una excepción y le conmemora el día de su nacimiento, porque fue santificado en el vientre de su madre.
Desde entonces se señaló esta noche como la de San Juan, muy próxima al solsticio de invierno en el Hemisferio Sur y al solsticio de verano en el Hemisferio Norte.
Desde tiempos primitivos, esta ha sido una fecha de fiesta, en que en algunos lugares -sobre todo andinos- se usa armar grandes fogatas, sacar "en andas" la imagen de San Juan Bautista y hacer grandes fiestas en los pueblos.
En nuestro país, este día se celebra de diversas formas, pero la más tradicional es la "cena de la noche de San Juan", cuyo menú, basado en la preparación de carnes, varía en todas las regiones del país. Lo que sobra es repartido entre los asistentes, quienes se llevan a sus casas un plato con un poco de cada cosa. En Chiloé, por ejemplo, se prepara con carne de cordero, vaca, cerdo, gallina y pavo. Mientras que en la provincia de Ñuble, se trata de un curanto de verduras y carne de vacuno.
Tambien, todos los años, el 23 de junio a las 12 de la noche, se realizan varios rituales para aprovechar las "energías mágicas" de la noche de San Juan. En esta fecha se ponen en práctica diversas supersticiones o pruebas, entre las que destacan: sentarse debajo de una higuera con una guitarra, poner papas debajo de la cama, poner tres papeles con deseos debajo de la almohada, echar esperma de vela en una fuente de agua, derramar tinta, o leer el futuro en una yema de huevo.
Esta noche se abre la puerta que nos introduce al conocimiento del futuro y a las dimensiones mágicas de la realidad. es la noche en que los entierros arden, el Diablo anda suelto y los campos son bendecidos por el Bautista. En la mañana, muy temprano la gente se lava el pelo y la cara con las aguas bendecidas y comienza a llamar, tres veces consecutivas:
-¡San Juan!, ¡San Juan!, dame milcao yo te daré pan. La noche anterior dos han sido los eventos más importantes: el baile del tropom y las pruebas.
Algunas de estas pruebas son:
l. La joven que sale al amanecer y se encuentra con un perro su marido será un goloso perro durante su vida. (Castro)
2. Al salir, después de las 12, se encuentra con un gato negro es mala suerte para el futuro - felicidad si el gato es de otro color. (Chulín)
3. Si sale, luego de medianoche, con una gallina negra y da vueltas siete veces la casa, encontrará al Diablo. (Chulín)
4. Al primero que encuentra y abraza, luego de las 12, puede ser su pareja. (Matao)
5. Si a medianoche se hace una cruz en los árboles, producirán el doble. (Matao)
6. Si a las 12, mira la luna y después la higuera, la verá florecer. (Chulín)
7. La higuera y el "pesebre" (helecho) florecen esta noche. Quien posea una de estas flores será muy afortunado.
8. Quien vea florecer la yerba buena esta noche será muy afortunado siempre que lo mantenga en secreto. (Matao)
9. Si entierra una haba y la va a ver a medianoche de San Juan, florecerá. (Chulín)
10. En la víspera se planta la flor de la hortensia, en un tarro con tierra y agua. Luego se le hace un pedido poniendo fe en el bautismo de San Juan. (Achao)
11. Hay que lavarse las manos con agua de vertiente para maintenerse joven y el cabello para conservarlo hermoso. Esa noche las aguas están benditas por el Bautista. (Cheniao)
12. Cuando llueve esa noche o al día siguiente, va a haber abundancia de manzanas. (Achao)
13. Antes de la salida del sol hay que regar los árboles con agua de vertiente, para que den bastante fruta durante el año. (Achao)
14. Para tener buena siembra hay que tirar un pedazo de vela la noche de San Juan. (Quenac)
15. Si esa noche se pide bajo la higuera que la quiera su enamorado, saldrá cierto. (Quenac)
16. Para obtener riqueza hay que descuerar un gato negro en la montaña y con ese cuero hacerse una billetera. (Cheniao).
17. Para obtener una llave mágica hay que cocinar vivo un gato negro en pleno monte, encerrándose en un círculo para que las visiones queden fuera. Una vez cocinado, uno de los huesos tendrá la virtud de abrir cualquier puerta. (Castro)
18. Para aprender a tocar guitarra hay que colocarse durante esta noche bajo una huiguera (Tocoihue) o bien en el encuentro de cuatro caminos donde aparecerá el Diablo a enseñarle (Chulín).
19. Si uno mira al espejo la Noche de San Juan aparecerá el Diablo. (Cárdenas)
Cabe indicar que los antecedentes de la noche de San Juan para el cristianismo se basan en la visita que la Virgen María efectuó a su prima Isabel cuando ambas esperaban hijos primogénitos. La Virgen pidió a Isabel que le anunciara el nacimiento de su hijo mediante una señal, que fue una fogata gigante que indicó la venida al mundo de Juan Bautista, el Precursor.
Este hombre, que fue enviado por Dios para preparar la llegada de su hijo El Salvador, fue bautizado con agua del Río Jordán para purificar su vida y ser la luz que Jesús necesitaba para mostrar a los hombres el camino verdadero. Es por esto que en esta noche las aguas están benditas y los fogones y fogatas preparados, para que en su calor y luz se reúna la familia a festejar con alegría este acontecimiento.
En Chiloé, en esta noche se prepara el tropón, el que cocido a las brasas se come como alimento sagrado al alcance de todos, trayendo buena suerte; si baila, significará que habrá un año de alegría en el hogar.
Florecimiento de la Higuera: Cuenta la leyenda que la higuera florece por única vez en la víspera de San Juan, a las doce de la noche, pero dura sólo algunos instantes. Según la creencia, el que arranca esta flor se enriquece y es feliz el resto de sus días. Para esto es necesario subirse al árbol y observar las ramas más altas, lugar donde florece la flor.
La tradición dice que cerca de las doce se oyen gruñidos, ruidos, maullidos y hasta gritos espantosos, o se ve aparecer al diablo, serpientes y arañas. Al que no tiene miedo no le pasará nada y logrará ver la higuera llena de flores.
Debe tomar sólo una y ponérsela en el pecho y después bajar del árbol. Al día siguiente desaparece la flor, pero el valiente tendrá fortuna y felicidad.
Higuera musical: La tradición dice que si una persona se coloca bajo una higuera con guitarra en mano, justo a las doce de la noche aprenderá a tocar este instrumento "por arte de magia".
Las tres papas y el futuro: Para saber como le irá a la persona en el amor o en el dinero, primero hay que colocar tres papas debajo de la cama: una sin pelar, otra a medio pelar y la tercera pelada. A media noche, y sin mirar, se saca una papa. Si se escoge la pelada, la persona tendrá muchos problemas; a medio pelar, no le irá mal, pero tampoco bien; si saca la sin pelar, le irá muy bien.
Cuidado con el reflejo:Se dice que al dar las 12 en punto se puede ver en el reflejo del espejo al mismísimo Diablo dispuesto a ofrecer un buen trato para negociar tu alma.
El nombre de tu futuro marido o mujer: Si quieres saber quién va a ser tu marido o mujer, entierra tres porotos, asignándole a cada poroto el nombre de un pretendiente. Aquel poroto que amanezca más brotado revelará el nombre del futuro cónyuge. También podrás conocer quien será tu futura pareja si escribes tres papelitos con el nombre de tres pretendientes y los dejas debajo de la almohada. Al día siguiente debes escoger uno sin mirar.
Agua bendita: Es costumbre de la gente beber agua antes de que salga el sol la madrugada del 24 de junio, cuando, según la creencia popular, el agua es más bendita y pura.
Esperma en recipiente de agua: Se asegura que colocando esperma en una fuente de agua fría, después de enfriarse el agua, las espermas adoptan ciertas formas donde se puede dilucidar la suerte.
La suerte en la yema del huevo: Otra alternativa es leer la suerte en la yema de un huevo, vaciada en un vaso, ya que se forman imágenes.
La tinta: A las doce de la noche debes derramar tinta sobre una hoja de papel, después la doblas y vuelve a doblar. A la mañana siguiente, debes abrir los dobleces e interpretar el dibujo de la tinta.
Fuente de agua: Se asegura que si pones una fuente con agua, un espejo y dos velas blancas, verás aparecer lo más importante que se aproxima a tu vida.
TESOROS Y ENTIERROS.
En Chiloé, las historias de entierros y de fortunas que de la noche a la mañana han adquirido quienes los vieron arder y siguieron la pista para encontrar las riquezas enterradas por lños españoles, o por comerciantes que no encontraron mejor manera de guardar su dinero y murieron sin revelar el secreto. Es en la Noche de San Juan cuando en mitad del campo, entre la lluvia se ven llamas que se encienden y se apagan indicando el lugar donde está sepultado un tesoro. Si la llama es roja, el entierro es de oro, si la llama es blanca, el entierro es de plata.
La gente dice que hay entierros que arden y entierros que suenan.
No cualquiera puede descubrir un entierro, solo las personas afortunadas pueden ver las visiones o escuchar los ruidos y descubrirlos.
Al conocer la existencia de un entierro, se recomienda llavar una vela encendida, ya que al dejarla en el suelo, la vela comienza a hundirse en la tierra, lo cual indicará el lugar en que se encuentra.
Para tratar de sacar un entierro, no hay que llevar nada bendito, porque entonces el tesoro se corre o desaparece.
Al desenterrarlo no hay que nombrar a Dios ni a ningún santo, porque entonces el entierro cambia de lugar.
El grupo debe ser un número impar de personas.
Las visiones son animales monstruosos, culebras, esqueletos, ruidos de cadenas, llantos y lamentos de almas penando. Si con el susto que provocan se nombra a Dios o a algún santo el hoyo del entierro se llena de excrementos.
Al abrir la caja de fierro o del caldero, se debe evitar respirar el vaho de la plata y los gases venenosos de las monedas y joyas enterradas. Para no sufrir el efecto, hay que tirar un gato o un perro negro al hoyo. Si esto no se hace, quien respire ese gas morirá en muy corto plazo.
Los entierros de Chiloé: Las pailas misteriosas
Renato Cárdenas, historiador.
"Recuerdo que mi abuela decía que había tenido un encuentro con la amante del pirata Cambiazo y que ella le había comentado del botín de la isla Guamblín, en el archipiélago de los Chonos", cuenta Renato Cárdenas, escritor, historiador y director académico del Archivo Bibliográfico y Documental de Chiloé.
A este chilote le apasiona tanto la historia de su tierra y de su mar, que no duda en dejar botado todo lo que está haciendo -cambiar una rueda pinchada en la mitad de un camino perdido en la nada- para buscar un árbol donde guarecerse y comenzar a relatar tres de las historias más entretenidas sobre tesoros escondidos en la zona, entre ellas, la del pirata Cambiazo.
-Cambiazo era un gobernador que tuvo Punta Arenas a fines del siglo diecinueve, que un día decidió apropiarse del pueblo y comenzar a asaltar los barcos que llegaban por esos pagos. Este hombre acumuló mucha riqueza, hasta que este relato de robos y abusos llegó a oídos de las autoridades nacionales, las que enviaron hombres para ver qué pasaba y, si todo aquello era cierto, poner fin a tantas tropelías. Frente a tamaña amenaza, Cambiazo arrancó con su fortuna hacia el norte y fue capturado en Ancud -resume Cárdenas, hace una pausa y prosigue:
-El recuerdo de la gente señala que Cambiazo, antes de llegar a Ancud, bajó en la isla Guamblín a dejar el tesoro y que lo habría enterrado al pie del único árbol que había. Una vez apresado Cambiazo, la historia de su botín comenzó a correr de boca en boca y pronto dos expediciones trataron de llegar al lugar. Sin embargo, los accidentados acantilados de la isla nunca dejaron acercarse a las dos goletas. Nadie ha encontrado nada -sentencia el chilote, para luego seguir con la siguiente historia:
-Otro tesoro es el de un pirata llamado Pedro María Ñancupel Alarcón, un personaje que a fines del siglo diecinueve incursionó en la zona de Chiloé, cuando la revolución industrial permitió el funcionamiento de loberías en la zona. Ñancupel, que es un mestizo, se apropió de varios barcos y, según se dice, hizo varios entierros en las cavernas de algunas islas. De hecho, la gente ha escarbado, aunque en este caso se confunden dos cosas: el botín y los vestigios de los chonos. Algunos dicen que han encontrado piezas de oro; otros sólo han hallado huesos -explica el historiador, mientras toma vuelo para dar algunas pistas sobre un tercer tesoro, relacionado esta vez con los jesuitas:
-Ellos tenían mucho dinero y lo habrían enterrado antes de ser expulsados en 1767 de todos los territorios de la corona. Se habla de un tesoro en particular, en torno a la iglesia Santa María de Achao -puntualiza, poniendo la equis sobre el mapa.
Cárdenas explica que estos son los casos con mayores antecedentes históricos, porque la creencia de entierros en Chiloé es muy común y, por cierto, muy ligada a la mitología.
-En la noche de San Juan -dice- se realiza un rito en el que no se debe nombrar a Dios y sí beber aguardiente para darse valor y salir a buscar. Antes se decía que quienes habían hecho fortuna rápidamente era porque habían encontrado una paila de oro.
Por: Renato cardenas
San Agustín hace la observación de que la Iglesia celebra la fiesta de los santos en el día de su muerte. Pero, en el caso de San Juan Bautista, hace una excepción y le conmemora el día de su nacimiento, porque fue santificado en el vientre de su madre.
Desde entonces se señaló esta noche como la de San Juan, muy próxima al solsticio de invierno en el Hemisferio Sur y al solsticio de verano en el Hemisferio Norte.
Desde tiempos primitivos, esta ha sido una fecha de fiesta, en que en algunos lugares -sobre todo andinos- se usa armar grandes fogatas, sacar "en andas" la imagen de San Juan Bautista y hacer grandes fiestas en los pueblos.
En nuestro país, este día se celebra de diversas formas, pero la más tradicional es la "cena de la noche de San Juan", cuyo menú, basado en la preparación de carnes, varía en todas las regiones del país. Lo que sobra es repartido entre los asistentes, quienes se llevan a sus casas un plato con un poco de cada cosa. En Chiloé, por ejemplo, se prepara con carne de cordero, vaca, cerdo, gallina y pavo. Mientras que en la provincia de Ñuble, se trata de un curanto de verduras y carne de vacuno.
Tambien, todos los años, el 23 de junio a las 12 de la noche, se realizan varios rituales para aprovechar las "energías mágicas" de la noche de San Juan. En esta fecha se ponen en práctica diversas supersticiones o pruebas, entre las que destacan: sentarse debajo de una higuera con una guitarra, poner papas debajo de la cama, poner tres papeles con deseos debajo de la almohada, echar esperma de vela en una fuente de agua, derramar tinta, o leer el futuro en una yema de huevo.
Esta noche se abre la puerta que nos introduce al conocimiento del futuro y a las dimensiones mágicas de la realidad. es la noche en que los entierros arden, el Diablo anda suelto y los campos son bendecidos por el Bautista. En la mañana, muy temprano la gente se lava el pelo y la cara con las aguas bendecidas y comienza a llamar, tres veces consecutivas:
-¡San Juan!, ¡San Juan!, dame milcao yo te daré pan. La noche anterior dos han sido los eventos más importantes: el baile del tropom y las pruebas.
Algunas de estas pruebas son:
l. La joven que sale al amanecer y se encuentra con un perro su marido será un goloso perro durante su vida. (Castro)
2. Al salir, después de las 12, se encuentra con un gato negro es mala suerte para el futuro - felicidad si el gato es de otro color. (Chulín)
3. Si sale, luego de medianoche, con una gallina negra y da vueltas siete veces la casa, encontrará al Diablo. (Chulín)
4. Al primero que encuentra y abraza, luego de las 12, puede ser su pareja. (Matao)
5. Si a medianoche se hace una cruz en los árboles, producirán el doble. (Matao)
6. Si a las 12, mira la luna y después la higuera, la verá florecer. (Chulín)
7. La higuera y el "pesebre" (helecho) florecen esta noche. Quien posea una de estas flores será muy afortunado.
8. Quien vea florecer la yerba buena esta noche será muy afortunado siempre que lo mantenga en secreto. (Matao)
9. Si entierra una haba y la va a ver a medianoche de San Juan, florecerá. (Chulín)
10. En la víspera se planta la flor de la hortensia, en un tarro con tierra y agua. Luego se le hace un pedido poniendo fe en el bautismo de San Juan. (Achao)
11. Hay que lavarse las manos con agua de vertiente para maintenerse joven y el cabello para conservarlo hermoso. Esa noche las aguas están benditas por el Bautista. (Cheniao)
12. Cuando llueve esa noche o al día siguiente, va a haber abundancia de manzanas. (Achao)
13. Antes de la salida del sol hay que regar los árboles con agua de vertiente, para que den bastante fruta durante el año. (Achao)
14. Para tener buena siembra hay que tirar un pedazo de vela la noche de San Juan. (Quenac)
15. Si esa noche se pide bajo la higuera que la quiera su enamorado, saldrá cierto. (Quenac)
16. Para obtener riqueza hay que descuerar un gato negro en la montaña y con ese cuero hacerse una billetera. (Cheniao).
17. Para obtener una llave mágica hay que cocinar vivo un gato negro en pleno monte, encerrándose en un círculo para que las visiones queden fuera. Una vez cocinado, uno de los huesos tendrá la virtud de abrir cualquier puerta. (Castro)
18. Para aprender a tocar guitarra hay que colocarse durante esta noche bajo una huiguera (Tocoihue) o bien en el encuentro de cuatro caminos donde aparecerá el Diablo a enseñarle (Chulín).
19. Si uno mira al espejo la Noche de San Juan aparecerá el Diablo. (Cárdenas)
Cabe indicar que los antecedentes de la noche de San Juan para el cristianismo se basan en la visita que la Virgen María efectuó a su prima Isabel cuando ambas esperaban hijos primogénitos. La Virgen pidió a Isabel que le anunciara el nacimiento de su hijo mediante una señal, que fue una fogata gigante que indicó la venida al mundo de Juan Bautista, el Precursor.
Este hombre, que fue enviado por Dios para preparar la llegada de su hijo El Salvador, fue bautizado con agua del Río Jordán para purificar su vida y ser la luz que Jesús necesitaba para mostrar a los hombres el camino verdadero. Es por esto que en esta noche las aguas están benditas y los fogones y fogatas preparados, para que en su calor y luz se reúna la familia a festejar con alegría este acontecimiento.
En Chiloé, en esta noche se prepara el tropón, el que cocido a las brasas se come como alimento sagrado al alcance de todos, trayendo buena suerte; si baila, significará que habrá un año de alegría en el hogar.
Florecimiento de la Higuera: Cuenta la leyenda que la higuera florece por única vez en la víspera de San Juan, a las doce de la noche, pero dura sólo algunos instantes. Según la creencia, el que arranca esta flor se enriquece y es feliz el resto de sus días. Para esto es necesario subirse al árbol y observar las ramas más altas, lugar donde florece la flor.
La tradición dice que cerca de las doce se oyen gruñidos, ruidos, maullidos y hasta gritos espantosos, o se ve aparecer al diablo, serpientes y arañas. Al que no tiene miedo no le pasará nada y logrará ver la higuera llena de flores.
Debe tomar sólo una y ponérsela en el pecho y después bajar del árbol. Al día siguiente desaparece la flor, pero el valiente tendrá fortuna y felicidad.
Higuera musical: La tradición dice que si una persona se coloca bajo una higuera con guitarra en mano, justo a las doce de la noche aprenderá a tocar este instrumento "por arte de magia".
Las tres papas y el futuro: Para saber como le irá a la persona en el amor o en el dinero, primero hay que colocar tres papas debajo de la cama: una sin pelar, otra a medio pelar y la tercera pelada. A media noche, y sin mirar, se saca una papa. Si se escoge la pelada, la persona tendrá muchos problemas; a medio pelar, no le irá mal, pero tampoco bien; si saca la sin pelar, le irá muy bien.
Cuidado con el reflejo:Se dice que al dar las 12 en punto se puede ver en el reflejo del espejo al mismísimo Diablo dispuesto a ofrecer un buen trato para negociar tu alma.
El nombre de tu futuro marido o mujer: Si quieres saber quién va a ser tu marido o mujer, entierra tres porotos, asignándole a cada poroto el nombre de un pretendiente. Aquel poroto que amanezca más brotado revelará el nombre del futuro cónyuge. También podrás conocer quien será tu futura pareja si escribes tres papelitos con el nombre de tres pretendientes y los dejas debajo de la almohada. Al día siguiente debes escoger uno sin mirar.
Agua bendita: Es costumbre de la gente beber agua antes de que salga el sol la madrugada del 24 de junio, cuando, según la creencia popular, el agua es más bendita y pura.
Esperma en recipiente de agua: Se asegura que colocando esperma en una fuente de agua fría, después de enfriarse el agua, las espermas adoptan ciertas formas donde se puede dilucidar la suerte.
La suerte en la yema del huevo: Otra alternativa es leer la suerte en la yema de un huevo, vaciada en un vaso, ya que se forman imágenes.
La tinta: A las doce de la noche debes derramar tinta sobre una hoja de papel, después la doblas y vuelve a doblar. A la mañana siguiente, debes abrir los dobleces e interpretar el dibujo de la tinta.
Fuente de agua: Se asegura que si pones una fuente con agua, un espejo y dos velas blancas, verás aparecer lo más importante que se aproxima a tu vida.
TESOROS Y ENTIERROS.
En Chiloé, las historias de entierros y de fortunas que de la noche a la mañana han adquirido quienes los vieron arder y siguieron la pista para encontrar las riquezas enterradas por lños españoles, o por comerciantes que no encontraron mejor manera de guardar su dinero y murieron sin revelar el secreto. Es en la Noche de San Juan cuando en mitad del campo, entre la lluvia se ven llamas que se encienden y se apagan indicando el lugar donde está sepultado un tesoro. Si la llama es roja, el entierro es de oro, si la llama es blanca, el entierro es de plata.
La gente dice que hay entierros que arden y entierros que suenan.
No cualquiera puede descubrir un entierro, solo las personas afortunadas pueden ver las visiones o escuchar los ruidos y descubrirlos.
Al conocer la existencia de un entierro, se recomienda llavar una vela encendida, ya que al dejarla en el suelo, la vela comienza a hundirse en la tierra, lo cual indicará el lugar en que se encuentra.
Para tratar de sacar un entierro, no hay que llevar nada bendito, porque entonces el tesoro se corre o desaparece.
Al desenterrarlo no hay que nombrar a Dios ni a ningún santo, porque entonces el entierro cambia de lugar.
El grupo debe ser un número impar de personas.
Las visiones son animales monstruosos, culebras, esqueletos, ruidos de cadenas, llantos y lamentos de almas penando. Si con el susto que provocan se nombra a Dios o a algún santo el hoyo del entierro se llena de excrementos.
Al abrir la caja de fierro o del caldero, se debe evitar respirar el vaho de la plata y los gases venenosos de las monedas y joyas enterradas. Para no sufrir el efecto, hay que tirar un gato o un perro negro al hoyo. Si esto no se hace, quien respire ese gas morirá en muy corto plazo.
Los entierros de Chiloé: Las pailas misteriosas
Renato Cárdenas, historiador.
"Recuerdo que mi abuela decía que había tenido un encuentro con la amante del pirata Cambiazo y que ella le había comentado del botín de la isla Guamblín, en el archipiélago de los Chonos", cuenta Renato Cárdenas, escritor, historiador y director académico del Archivo Bibliográfico y Documental de Chiloé.
A este chilote le apasiona tanto la historia de su tierra y de su mar, que no duda en dejar botado todo lo que está haciendo -cambiar una rueda pinchada en la mitad de un camino perdido en la nada- para buscar un árbol donde guarecerse y comenzar a relatar tres de las historias más entretenidas sobre tesoros escondidos en la zona, entre ellas, la del pirata Cambiazo.
-Cambiazo era un gobernador que tuvo Punta Arenas a fines del siglo diecinueve, que un día decidió apropiarse del pueblo y comenzar a asaltar los barcos que llegaban por esos pagos. Este hombre acumuló mucha riqueza, hasta que este relato de robos y abusos llegó a oídos de las autoridades nacionales, las que enviaron hombres para ver qué pasaba y, si todo aquello era cierto, poner fin a tantas tropelías. Frente a tamaña amenaza, Cambiazo arrancó con su fortuna hacia el norte y fue capturado en Ancud -resume Cárdenas, hace una pausa y prosigue:
-El recuerdo de la gente señala que Cambiazo, antes de llegar a Ancud, bajó en la isla Guamblín a dejar el tesoro y que lo habría enterrado al pie del único árbol que había. Una vez apresado Cambiazo, la historia de su botín comenzó a correr de boca en boca y pronto dos expediciones trataron de llegar al lugar. Sin embargo, los accidentados acantilados de la isla nunca dejaron acercarse a las dos goletas. Nadie ha encontrado nada -sentencia el chilote, para luego seguir con la siguiente historia:
-Otro tesoro es el de un pirata llamado Pedro María Ñancupel Alarcón, un personaje que a fines del siglo diecinueve incursionó en la zona de Chiloé, cuando la revolución industrial permitió el funcionamiento de loberías en la zona. Ñancupel, que es un mestizo, se apropió de varios barcos y, según se dice, hizo varios entierros en las cavernas de algunas islas. De hecho, la gente ha escarbado, aunque en este caso se confunden dos cosas: el botín y los vestigios de los chonos. Algunos dicen que han encontrado piezas de oro; otros sólo han hallado huesos -explica el historiador, mientras toma vuelo para dar algunas pistas sobre un tercer tesoro, relacionado esta vez con los jesuitas:
-Ellos tenían mucho dinero y lo habrían enterrado antes de ser expulsados en 1767 de todos los territorios de la corona. Se habla de un tesoro en particular, en torno a la iglesia Santa María de Achao -puntualiza, poniendo la equis sobre el mapa.
Cárdenas explica que estos son los casos con mayores antecedentes históricos, porque la creencia de entierros en Chiloé es muy común y, por cierto, muy ligada a la mitología.
-En la noche de San Juan -dice- se realiza un rito en el que no se debe nombrar a Dios y sí beber aguardiente para darse valor y salir a buscar. Antes se decía que quienes habían hecho fortuna rápidamente era porque habían encontrado una paila de oro.
Carta solidaria con los hermanos mapuche de temuko warria, en lucha por recuperacion de tierras
Chiloe autónomo
fvta wapi cijwe 26/07/2009
Chiloeautonomo se hace presente con el apoyo desde la distancia para con las comunidades del wallmapu que proclaman su derecho inalienable a la tierra y el derecho fundamental al autodesarrollo y autonomía territorial. Un mapuche sin tierra es un proscrito, un exiliado de unos de los valores básicos y necesarios que es el sentido y pertenencia al espacio sagrado que le fue heredado como derecho fiduciario, la tierra. Lamentablemente hoy en día queda cada vez más claro las reales necesidades de estos gobiernos seudo-democráticos que proclaman los derechos de su pueblo entregan fidelidad y obediencia en momentos de elecciones sean de las que sean, pero que en efectividad solo se clamufan tras las espaldas de un pueblo que los legitima, bajo la falsa continua de la esperanza, esperanza que todos esperan atonitos en la perspectiva de una tierra justa y equilibrada, pero que no es posible, en este Chile capitalista neoliberal. Gobiernos que tiene aperturas democráticas y se las dan de participativos en el campo de la política internacional, pero que a los pueblos identitario-cultural los mira como estupidos que no tienen la racionalidad para decidir, su destino.
Firman, convenios, OIT , ONU, reconocimientos públicos del comportamiento del Estado en los años de la usurpación y pregonan a los cuatro vientos ante el mundo, como es en el caso del problema marítimo que tiene Chile con los hermanos del Perú, disputa jurisdiccional ante los tribunales internacionales donde Chile atrevidamente alega que “los tratados son para respetarlos y no para romperlos”, la pregunta que salta entonces que pasa con Killin y los sucesivos tratados y parlamentos que firmaron los mapuche ya consagrado, como nación, y el imperio Español o el tratado de Tantauco los isleños Williche-chilotes y Chile. Hasta cuando los pueblos con identidad cultural aun seguimos pisoteados en beneficio de los grandes intereses foráneos-internos. Es la hora de la disputa por los derechos argumentativos, no fuimos nosotros los que no respetamos los pactos y las mesas de dialogo es el gobierno que dirige los designios de su estado el que debe comportarse como hombre, es eso lo que denota nuestra exaltación y rabia que hace que los pueblos tomemos determinaciones y decidamos la forma de acción a seguir.
Chiloeautonomo conciente de la problemática de los hermanos mapuche que son los mismos que Chiloé tiene con los gobernantes que mal administran los territorios con historia, política, social, economía, identidad y cultura de siglos. Un abrazo fuerte y solidario. newen kompu che, marricewew
Chiloé 26/7/2009
fvta wapi cijwe 26/07/2009
Chiloeautonomo se hace presente con el apoyo desde la distancia para con las comunidades del wallmapu que proclaman su derecho inalienable a la tierra y el derecho fundamental al autodesarrollo y autonomía territorial. Un mapuche sin tierra es un proscrito, un exiliado de unos de los valores básicos y necesarios que es el sentido y pertenencia al espacio sagrado que le fue heredado como derecho fiduciario, la tierra. Lamentablemente hoy en día queda cada vez más claro las reales necesidades de estos gobiernos seudo-democráticos que proclaman los derechos de su pueblo entregan fidelidad y obediencia en momentos de elecciones sean de las que sean, pero que en efectividad solo se clamufan tras las espaldas de un pueblo que los legitima, bajo la falsa continua de la esperanza, esperanza que todos esperan atonitos en la perspectiva de una tierra justa y equilibrada, pero que no es posible, en este Chile capitalista neoliberal. Gobiernos que tiene aperturas democráticas y se las dan de participativos en el campo de la política internacional, pero que a los pueblos identitario-cultural los mira como estupidos que no tienen la racionalidad para decidir, su destino.
Firman, convenios, OIT , ONU, reconocimientos públicos del comportamiento del Estado en los años de la usurpación y pregonan a los cuatro vientos ante el mundo, como es en el caso del problema marítimo que tiene Chile con los hermanos del Perú, disputa jurisdiccional ante los tribunales internacionales donde Chile atrevidamente alega que “los tratados son para respetarlos y no para romperlos”, la pregunta que salta entonces que pasa con Killin y los sucesivos tratados y parlamentos que firmaron los mapuche ya consagrado, como nación, y el imperio Español o el tratado de Tantauco los isleños Williche-chilotes y Chile. Hasta cuando los pueblos con identidad cultural aun seguimos pisoteados en beneficio de los grandes intereses foráneos-internos. Es la hora de la disputa por los derechos argumentativos, no fuimos nosotros los que no respetamos los pactos y las mesas de dialogo es el gobierno que dirige los designios de su estado el que debe comportarse como hombre, es eso lo que denota nuestra exaltación y rabia que hace que los pueblos tomemos determinaciones y decidamos la forma de acción a seguir.
Chiloeautonomo conciente de la problemática de los hermanos mapuche que son los mismos que Chiloé tiene con los gobernantes que mal administran los territorios con historia, política, social, economía, identidad y cultura de siglos. Un abrazo fuerte y solidario. newen kompu che, marricewew
Chiloé 26/7/2009
territorio huilliche de Chiloé
El Territorio Huilliche de Chiloé
1. La colonia y el reconocimiento de la propiedad
A partir del arribo de los españoles a Chiloé, a mediados del siglo XVII, parte importante de la sociedad mapuche-huilliche es sometida a las encomiendas, como mano de obra, y sus tierras entregadas a soldados españoles. No obstante dicho sometimiento, en el año 1712 se produce un importante levantamiento, específicamente el 10 de febrero, exigiendo el término de las encomiendas y la consiguiente devolución de sus tierras. En respuesta a ello, las autoridades españolas ordenan regular el trabajo en las encomiendas prohibiendo el trabajo de niños, entre otras medidas. El conflicto, no obstante, se mantuvo latente durante todo el siglo XVIII, ya que los encomenderos desobedecieron las órdenes reales y mantuvieron condiciones de explotación de la población mapuche-huilliche sometida al régimen de encomienda.
Los mapuche-huilliche desarrollan una resistencia pacífica destinada a sumir en una crisis a la economía colonial chilota, abandonando el trabajo agrícola, trabajando lentamente o negándose a transportar alimentos hacia las haciendas y las islas. Dichas acciones se mantuvieron hasta el 26 de marzo de 1783, fecha en que la encomienda es abolida en Chiloé. En ello también influirá la acción de la Iglesia Católica, la que a través del Obispo de la zona denunciaron la situación en que los encomenderos mantenían a los indígenas.
1.1. Los Títulos Realengos
Los derechos territoriales de los mapuche-huilliche de Chiloé emanan de su posesión ancestral. No obstante lo anterior, la territorialidad huilliche cuenta con un reconocimiento jurídico otorgado por el Estado español durante la colonia. Se trata de los llamados Títulos Realengos, los que constituyen el principal reconocimiento y se erigen como evidencia formal de sus derechos territoriales.
Todos los terrenos, ubicados en el sur de Chiloé, en lo que hoy corresponde a la comuna de Quellón, fueron deslindados, mensurados y escriturados a través de títulos de dominio, llamados “Potreros Realengos”, por aplicación del orden colonial de constitución de la propiedad. Así, la antigua posesión material mapuche-huilliche es reconocida a través del otorgamiento de títulos de dominio, que se encuentran en el Conservador de Bienes Raíces de Castro, y cada comunidad tiene copia de ellos.
En la existencia de los llamados “Potreros Realengos” se fundan los argumentos y las demandas de tierras mapuche-huilliche, principalmente a partir del momento en que el Estado chileno deslindó la propiedad privada de la fiscal, con la consiguiente llegada de particulares chilenos al territorio mapuche-huilliche. Si bien cada título es específico e individual, en general, se repite la misma fórmula, que consiste en nombrar el lugar, los deslindes, los beneficiarios y los derechos que a través de él se adquieren, quedando establecido que una vez cumplidas las formalidades de rigor, se reconoce el dominio sobre una determinada superficie de terreno. La suma total de lo reconocido en dominio a las familias mapuche-huilliche por la corona española, alcanza aproximadamente a 60.000 hectáreas.
El primer Título Realengo del que se tiene conocimiento hasta ahora, fue entregado a los caciques Luis Gonzaga Levien y José Chiguay por el Gobernador de San Carlos de Chiloé don Antonio Alvarez Jiménez el 30 de julio de 1804[71]. Entre los años 1823 y 1825 un Decreto de la Real Hacienda Nacional del año 1821 firmado por el Gobernador de la Provincia y el Ministerio de Hacienda ordenó el reconocimiento y justificación de los Potreros Realengos que poseían "... los naturales de la costa de Payos, previa medición, tasación y pago en la Real Caja de San Carlos de Ancud..."[72]. Se trató de títulos comunitarios de dominio que tenían por titular a los Lonko y sus familias y en ellos se identificaban los espacios dentro de los cuales las comunidades desarrollaban su vida[73].
En 1823, el gobernador Antonio Quintanilla ordena al capitán, teniente coronel Santiago Gómez, recorrer los territorios ocupados y trabajados por las familias mapuche-huilliche, con el objetivo de reconocerlos y dar forma a un título de dominio por dichos terrenos de ocupación antigua. Como fruto del trabajo ordenado por Quintanilla, entre los meses de septiembre y noviembre de 1823 la corona española otorga en “perpetua y segura” propiedad los potreros de Coigüin, Coldita, Guaipulli, Huequetrumao, Yaldad y Coinco.
Fue de esa manera como las familias mapuche-huilliche lograron acceder al dominio legal de las jurisdicciones de sus caciques, en lo que en un principio se concibió como “segura y perpetua propiedad”. Sin embargo, a partir de la integración del archipiélago de Chiloé a la República de Chile en el año 1826, comenzará una nueva etapa respecto a los dominios mapuche-huilliche.
2. La anexión de Chiloé al Territorio Chileno. La Firma del Tratado de Tantauco y la República
Mediante el Tratado de Tantauco correspondiente al año 1826, se puso fin a la guerra entre chilenos y españoles. Firmado el 15 de Enero de 1826 entre las autoridades militares patriotas -encabezadas por el General Ramón Freire- y el gobernador español Antonio Quintanilla, el que expresamente señalaba en su artículo 6 que, así como los bienes y pertrechos de la milicia hispánica, y en su artículo 7 que serían inviolablemente respetados los bienes y propiedades de todos los habitantes de la provincia. Entre ellos, las propiedades que habían sido reconocidas en dominio a las comunidades mapuche-huilliche reconocidos por Títulos Realengos.
Tras la firma de este Tratado devino la incorporación de Chiloé al territorio de la República. El Tratado fue inicialmente respetado por el Estado chileno, así lo demuestra un Bando dictado con fecha 12 de septiembre de 1835, que dice:
“... por cuanto el artículo 7 del Tratado de Tantauco estipuló que serían inviolablemente respetados los bienes y propiedades de los habitantes de esta provincia y que sería causa de grandes perturbaciones el no respetar el dominio derivado de las mercedes reales o compras del gobierno colonial, ORDENA... que se debe respetar y hacer respetar el dominio y la posesión de conformidad a estos antecedentes, y los particulares pueden hacer sacar copias autorizadas en papel común y a su costa de la resolución gubernativa y las anotaciones que rolen en los libros de Mercedes Reales y de Mensura General de la Provincia, con el fin de que los poseedores verdaderos estén premunidos contra las perturbaciones sobre los poseídos, con la exhibición de estos documentos y la posesión inmemorial...”[74].
El 10 de junio de 1823 -con anterioridad a la anexión de Chiloé al territorio chileno- había sido dictado una Ley senatorial firmada por Ramón Freire y Mariano Egaña, y conocida como Ley Freire, cuyo objetivo fue reconocer de las propiedades indígenas, y cuya aplicación en el archipiélago de Chiloé se llevó a cabo entre los años 1829 y 1837, ordenando en su artículo segundo que las tierras sobrantes pertenecientes al Estado fueran mensuradas y, en su artículo tercero, que las posesiones indígenas reconocidas por ley fueran declaradas en perpetua y segura propiedad.
De ambas disposiciones legales -el Tratado de Tantauco y la Ley Freire- es posible inferir que existía la voluntad de respetar la propiedad indígena -en el caso de Chiloé, los Potreros Realengos-, de reconocerla y de asegurarla en el dominio de sus legítimos dueños. El objetivo político de pacificación que habría llevado al Estado a dictar la Ley Freire, habría sido deslindar la tierra indígena de la tierra estatal y para realizar este decantamiento de los dominio territoriales, el legislador chileno de la época habría entendido que tierra indígena era aquella “actualmente poseída por indígenas”, es decir, la ley chilena habría modificado la calidad jurídica del indígena poseedor por el de propietario. Según esta tesis, al año 1823 todos los indígenas huilliche con o sin Títulos Realengos y con posesión territorial, adquirieron la calidad de propietarios indiscutidos de sus territorios.
A medida que avanzaba el siglo comenzaron a llegar a Chiloé y a sus islas adyacentes un número importante de particulares, en su mayoría colonos extranjeros, los que se fueron radicando en la parte norte de la Isla Grande. Pero ya a fines del siglo XIX fue ocupada el área centro y sur de la Isla Grande de Chiloé, por personas y sociedades que establecieron extensas propiedades, lo que generó conflictos por el dominio de las tierras mapuche-huilliche, inaugurando con ello una relación de demandas y conflictos que se mantiene hasta el presente.
3. Los mecanismos de pérdida de tierras
La apropiación de las tierras indígenas es llevada a cabo por diversos particulares, los que en su acción se vieron favorecidos por el Estado chileno, el que había iniciado un proceso de mensura de las propiedades fiscales del archipiélago de Chiloé. Este proceso consistió en la inscripción a nombre del Fisco chileno en el año 1900, del territorio, a partir de lo cual comenzaron las quejas y demandas de oposición de quienes se sintieran perjudicados por la inscripción fiscal, los que deberían presentar, para tales efectos, títulos de dominio válidamente inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces de Castro.
El Fisco inscribió a su nombre -como “Dominio sin Título”- gran parte de los predios mapuche-huilliche, dejando como propiedad indígena sólo algunos retazos ubicados en el bordemar, sectores en donde las familias tenían ubicadas sus viviendas y huertos. Todo lo demás, correspondiente a las tierras del interior, sectores de antigua ocupación indígena en ganadería, ramoneo y recolección de leña, fueron declarados fiscales.
El 14 de febrero de 1896 el poder ejecutivo dictó un decreto supremo aprobando por Ley de la República, mediante el cual el Estado se obligaba a entregar en la provincia 100 mil hectáreas de tierra a un particular que ejecutaría la colonización del territorio con el poblamiento de extranjeros. Para llevar a cabo este proceso de traspaso, el fisco inscribió para sí aproximadamente las tres cuartas partes del departamento de Castro, además de 12 Islas del archipiélago[75]. Gran parte de la territorialidad mapuche-huilliche ingresó por esta vía al patrimonio estatal y fueron desconocidos los títulos de dominio otorgados por la corona.
El procedimiento de inscripción fiscal contempló el otorgamiento de un plazo para que se presentaran las oposiciones de los particulares que se sintieran perjudicados en sus derechos. Ciertamente los mapuche-huilliche no presentaron oposición dado el desconocimiento que tuvieron del proceso, la incomprensión del mismo, la lejanía y el difícil acceso a los centros de información.
Esta inscripción abrió paso a lo que algunos autores han denominado "la segunda usurpación de los indígenas, huilliche-chilotes"[76]. La tierra declarada fiscal fue luego adjudicada a las empresas que iniciaron la explotación de los recursos naturales en Chiloé, especialmente del recurso forestal.
A pesar de que, por el Tratado de Tantauco y por la Ley Freire, los indígenas debían ser respetados en sus dominios, con la inscripción del año 1900 el Estado chileno desconoció dicha legislación, como asimismo las inscripciones que amparaban a comunidades completas. Paralelamente, se impulsó un proceso global de identificación de tierras particulares en oposición a aquellas consideradas de propiedad fiscal.
Toda la tierra considerada fiscal quedó resguardada en la inscripción número 77 del 9 de mayo del año 1900, en el Conservador de Bienes Raíces de Castro. A través de este acto los territorios mapuche-huilliche que aún carecían de inscripción ingresaron al sistema y cambiaron jurídicamente de propietario. No obstante los cambios en el dominio, la posesión efectiva se mantuvo por parte de las comunidades. Será durante el siglo XX que los mapuche-huilliche sentirán con fuerza los efectos de esta pérdida iniciándose, desde el primer tercio del siglo, el peregrinar de Lonko por diversas dependencias administrativas para tratar de recuperar, a través de las instancias institucionales del Estado, el dominio perdido. De la mano con esta disputa, vendrá también la pugna con las empresas particulares, por la posesión de las tierras, especialmente con las forestales que en número creciente comenzarán a llegar a la Isla.
Con la Inscripción Fiscal del 1900 los antiguos territorios entregados en el siglo XIX desaparecerán como espacios ecológicos. Ya no se encontrarán en los documentos republicanos referencia a “territorios”; por el contrario se irá produciendo el desmembramiento del espacio mapuche-huilliche, el que será ahora concebido como simples extensiones de tierra: superficies precisas, claramente cuantificadas. Desaparecerá la sinuosidad del paisaje y las antiguas referencias a accidentes geográficos serán reemplazadas por deslindes rectilíneos. En las representaciones gráficas, aparecerán los puntos unidos por líneas rectas y los ríos, montes, montañas, lagunas, etc. que constituyen la mapu ñuke de los mapuche-huilliche, se verán abrupta y artificialmente interrumpidas y desnaturalizadas.
En virtud de la inscripción fiscal de 1900 el Estado chileno se apropió de 172.986 hectáreas de terreno. Quedaron incluidos como estatales los potreros de Coiwin de Compu, Waipulli, parte del fundo Weketrumao, Koinko, y parte del fundo Incopulli de Yaldad.[77] El fundo Coldita no se incorporó en la inscripción gracias a una oposición oportuna y eficaz de Justo Llancalahuen quien ostentaba título de dominio inscrito sobre el predio.
Se debe tener presente que las comunidades indígenas, con mayor o menor grado de organización, conocimiento o entendimiento de las leyes chilenas, intentaron que el Estado respetara sus documentos coloniales, sus papeles ancestrales, su condición de herederos de los originales caciques, o - al menos - su posesión ancestral, pero no pudieron evitar la pérdida de sus territorios, los que fueron traspasados a los empresarios forestales.
Con la sustracción del dominio legal indígena de sus ancestrales territorios, se dio también inicio a un proceso de apropiación de sus tierras. Una vez que las tierras indígenas fueron declaradas fiscales, en los años 1906 y 1907 pasarán ante la Notaría de Castro, una serie de especuladores a solicitar la adjudicación de los predios mapuche- huilliche.
Una vez allí, el particular -famoso es el caso de Manuel Vargas, quien actuaba en nombre de la Sociedad Austral de Maderas- solicitaba que se nombrara un Juez Compromisario a fin de que este llamase a pública subasta y adjudicara los predios cuyos títulos de dominio no fueron reconocidos por el Fisco o que este declaró como “Dominios sin Títulos”. Luego, el Juez hacía público el llamado a la adjudicación, avisando mediante un cartel en la Notaría de Castro y en el periódico local, La Voz de Castro, ambos ajenos y lejanos a las familias indígenas. Una vez cumplido el plazo de aviso, el Juez Compromisario, adjudicaba ante los postores los bienes que se subastan, acto al cual por desconocimiento no asistían las familias mapuche-huilliche. De manera tal que por cantidades irrisorias de dinero, fueron adjudicados a particulares en 1907 varios predios, cuyos nuevos títulos de dominio eran inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces de Castro.
El Estado, que había declarado fiscal dichos predios para protegerlos de la especulación fraudulenta y de la expansión de particulares, abrió el camino para ello, como en el caso de la ya mencionada Sociedad Austral de Maderas, que logró constituir a su favor un territorio. Pero además, la usurpación fue saneada y legalizada haciéndose caso omiso de la presencia de una gran cantidad de habitantes en los predios. Los mapuche-huilliche de las comunidades de hoy en día, asocian la pérdida de sus tierras, a este hito, el traspaso de estas al Fisco y el inicio del pago de impuestos. Hasta la actualidad, las comunidades del sur de la Isla Grande demandan la reparación de dicha gestión, presentando como argumento el que sus legítimos propietarios jamás vendieron sus propiedades, sino que el Estado, en el ejercicio de sus funciones, fue el ente que las sustrajo de su dominio.
Por otro lado, no ha sido reconocida la validez de los títulos mapuche-huilliche, tanto en un primer momento, cuando se hizo la inscripción fiscal, como en el presente, cuando se produce, objetivamente, duplicidad de dueños. En la década de 1880 -momento en que comienzan a llegar una multiplicidad de especuladores ávidos de tierras a la zona- representantes de las comunidades acudieron a la Notaría de Castro a formalizar los documentos que reconocían el dominio indígena en cada uno de los predios.
Una vez que las antiguas tierras mapuche-huilliche quedan bajo el dominio de la Sociedad Austral de Maderas, los títulos de dominio comenzarán a ser objeto de múltiples inscripciones, transacciones y transferencias, como también de especulaciones financieras al ser presentadas como capital para la formación de diversas sociedades, no obstante las familias indígenas mantienen la posesión material de las tierras.
Así, en el año 1914, la Sociedad Austral de Maderas realiza una reinscripción del conjunto de ellos, cancelando las inscripciones parciales a cambio de una inscripción general, solicitando al juez que autoriza la reinscripción la prohibición de nuevas inscripciones por parte de personas extrañas al poseedor dentro de los límites de ellos.
En el año 1918 la Sociedad Austral de Maderas es liquidada, siendo sucedida por la Comunidad Quellón, formada por las familias radicadas en Punta Arenas Braun Blanchard y Díaz Contardi. Finalmente, en el año 1925 se liquida la Comunidad Quellón, dando origen sus socios a la Sociedad Explotadora de Chiloé, empresa a la que transfieren los antiguos potreros mapuche-huilliche, inscribiéndolos a nombre del nuevo propietario en la Notaría de Castro en el año 1928.
4. La Ley de Propiedad Austral
Al poco tiempo de inscribirse los predios a nombre de la Sociedad Explotadora, se crea el Ministerio de la Propiedad Austral cuyo objetivo principal se orientaba a aclarar y sanear la propiedad constituida en el sur de Chile, tanto respecto de los predios indígenas como de los predios de particulares y fiscales. El Decreto Ley 1.600, dictado en marzo de 1931, impulsó un nuevo proceso tendiente a definir los territorios de dominio fiscal en el sur de Chile.
En dicho proceso, tanto la Sociedad Explotadora de Chiloé como las familias mapuche-huilliche, intentaron a través de la Ley de la Propiedad Austral el reconocimiento de sus dominios y la validez de sus títulos, para lo cual el Fisco debió examinar los títulos que presentaron los interesados al momento de alegar dominio, a la vez que exigir la posesión material de los predios a que se refieren las escrituras.
Dicho proceso, que se lleva a cabo durante la década de 1930, genera la posibilidad de recuperar los antiguos dominios mapuche-huilliche. Paralelamente, se llega al conflicto abierto entre las comunidades mapuche-huilliche y los particulares, en la medida en que las familias indígenas conservan el uso y explotación de lo que consideran propio, y sobre lo que los particulares pretendían exclusividad no solo del dominio sino también de la explotación de los predios.
Así entendido, todos quienes decían tener alguna propiedad o bien raíz en el sur de Chile debían presentar ante el Fisco los títulos de dominio que poseían, además de probar que el predio sobre el que se alegaba dominio se encontraba inscrito ante el Conservador de Bienes Raíces, que se pagaban contribuciones de bienes raíces, que existía ocupación material directa o por otra persona y a lo menos por diez años, y que habían sido realizados trabajos y mejoras para hacerlo productivo. Todo este cúmulo de antecedentes daba forma a los Expedientes de Revalidación de Títulos, lo que fue reglamentado por los preceptos del Decreto Ley Nº1.600, dictado en marzo de 1931, la mencionada Ley de Propiedad Austral.
La Sociedad Explotadora de Chiloé utilizó todos los medios, legales y extralegales, para lograr el reconocimiento de sus títulos y la exclusividad de la propiedad de los predios indígenas, apropiándose a través de este mecanismo de los predios Yaldad, Coinco, Coldita, Coigüin, los fundos Guaipulli y Huequetrumao, de propiedad mapuche-huilliche.
En este contexto, la Sociedad Explotadora presenta sus títulos ante el Ministerio de Tierras, a fin de que tal como había sido hasta ese momento, la repartición estatal le diera el visto bueno y pudiese así adquirir la exclusividad del dominio de los fundos en disputa. Ello como un primer paso para luego, al momento que se decidiese la explotación de los predios, desalojar a sus ocupantes y lograr, en consecuencia, lo que hasta ese momento no tenía, la posesión material de las tierras indígenas.
No obstante lo anterior, la empresa explotadora se encuentra con una gran dificultad al no tener la posesión material de los predios, ya que no ejercía a su nombre dicha posesión, ni había realizado mejoras que demostraran la ocupación de por lo menos diez años de los fundos en cuestión y, por otro lado, porque dicha ocupación la realizaban las familias indígenas. Ante tal obstáculo la empresa presenta a las familias mapuche-huilliche como ocupantes que se encontraban ya establecidos en los diferentes fundos de la sociedad, anotándolos luego como sus empleados -dado que algunos de ellos habían firmado contratos para abastecer de leña a la fábrica instalada en Quellón- y como inquilinos de los predios, a fin de hacer pasar como propias las mejoras que los indígenas habían realizado, es decir, sus viviendas, huertos y siembras.
A diferencia del proceso llevado ante el Fisco en el año 1900, las familias indígenas participaron activamente del proceso de revalidación de títulos y presentan sus documentos ante las autoridades del Ministerio de Tierras. A la posesión material antigua y sostenida en el tiempo en cada uno de los predios agregan los Títulos Realengos, aquellos que habían recibido de la Corona Española, protocolizado ante el Conservador de Bienes Raíces y de los cuales derivaban los títulos de los particulares.
Durante largos años de infértil gestión administrativa, ya que ningún título indígena fue finalmente revalidado por el Estado, la organización indígena se transformó en activa protagonista, los Lonko se erigieron como representantes activos de los derechos territoriales demandados por los mapuche-huilliche y pugnaron con las empresas el dominio comunitario inscrito de sus tierras.
A la demanda de reconocimiento de los títulos comunitarios realengos se sumó la exigencia del cese del cobro de impuestos territoriales que el Estado aplica a los mapuche-huilliche.
Las autoridades chilenas favorecieron en sus sentencias a la Sociedad Explotadora de Chiloé, si bien no en la plenitud de las demandas. El Ministerio de Tierras sólo reconoció como antecedente jurídico válido aquellos títulos que presenta la Sociedad Explotadora de Chiloé, no obstante su cuestionable origen y que provengan de títulos indígenas. Por otra parte, una vez que fue discutida la posesión material de los predios, respecto a la Sociedad Explotadora, en la mayoría de los casos no fue hecho así aun cuando no había mejoras en los predios, y cuando se reconocía que esta no tenía posesión material alguna, la que es realizada por las familias indígenas. No obstante todo lo anterior, la posesión material continuó en manos de los mapuche-huilliche, constituyendo hasta la actualidad su demanda territorial.
5. Las organizaciones mapuche-huilliche y los conflictos por tierras
A partir de 1930, se aprecia un importante nivel de organización de las comunidades mapuche-huilliche, las que tienen su origen en las autoridades ancestrales y cuyo resurgimiento se explica en la necesidad de defender las tierras comunitarias de la expansión latifundista. Es en este contexto -de pérdida de tierras y de desconocimiento por parte del Estado de los derechos que a ellas tenían las familias indígenas- que se lleva a cabo la primera reunión entre la dirigencia mapuche-huilliche, en el sector de Trincao, en el año 1934. A esta asamblea concurrieron las autoridades de todas las comunidades de Chiloé, planteando nuevamente la vigencia de la antigua demanda: el reconocimiento de los títulos de 1823 como fuente de derechos territoriales. A ella se le suma una nueva demanda, esta es el derecho a mantener la propiedad comunitaria de las tierras como respuesta ante la Ley de División de Comunidades de 1931, demanda que se mantendrá a lo largo de todo el siglo.
En este proceso reivindicativo destacan la presencia de los caciques de Huequetrumao, José Antonio Huenteo, de Compu, José Santos Lincoman, y de Yaldad, Abelardo Chiguay. Ellos, enviarán una carta al Presidente de la República Gabriel González Videla, el 25 de octubre de 1946, solicitando el respeto a los títulos originarios de las tierras, las cuales debían ser devueltas a sus antiguos dueños y sus descendientes.
De igual manera, las directivas de las comunidades mapuche-huilliche, no sólo se coordinaban entre sí sino también lo hacían con las comunidades mapuche-huilliche de Osorno, a través del Consejo de Caciques del Butahuillimapu y con las organizaciones mapuche de la Araucanía. Al respecto, las demandas de las distintas organizaciones eran básicamente las mismas.
Respecto de la cuestión territorial, la situación de los fundos mapuche-huilliche presenta -desde la década de 1950- similitudes y diferencias. Entre las similitudes se encuentra el hecho de que todas las comunidades mantendrán la posesión material de los predios, continuando con la gestión del reconocimiento de sus derechos territoriales sobre la base a los títulos de 1823, y postularán al dominio comunitario de sus tierras. Las diferencias refieren a que mientras algunas comunidades demandarán al Fisco la restitución de sus dominios, no reconocidos en el proceso de revalidación de títulos y declarados “Dominios sin Títulos”, otras tendrán conflictos abiertos con la mencionada Sociedad y sus sucesores en la medida que estos deciden comenzar a explotar los predios.
En el caso de las primeras, aquellas cuyo dominio fue declarado fiscal -por no tener dominio vigente, no obstante tener la posesión material del predio-, se encuentran las comunidades Coigüin de Compu, Huaipulli y Huequetrumao de Chadmo. Las gestiones estarán encaminadas, entonces, a que se les reconozca el dominio y que dicho reconocimiento sea colectivo. Es así como en el año 1958 el cacique de Huequetrumao, José Antonio Huenteo, solicita al Juzgado de Indios de Pitrufquen que con el fin de mantener la comunidad indígena, que solo se realicen los deslindes generales de los predios.
Sin embargo, durante el período del Gobierno millitar la política territorial adquiere otra orientación. En un primer momento la solución que planteó el Ministerio de Bienes Nacionales a las familias mapuche-huilliche, a fin de regularizar su precaria situación, consistía en que compraran al Fisco las partes ocupadas por cada grupo familiar. Esta solución no fue aceptada, pues los habitantes argumentaban tener derechos sobre las tierras heredadas de sus ancestros, las que en algún momento les fueron reconocidas en título de dominio, y por las cuales se habían librado diversas luchas que están aún presentes en la memoria de la comunidad.
El Decreto Ley 2.568 de 1979, promulgado bajo el Gobierno de la época, constituye el cuerpo normativo con el que el Estado chileno impulsó la división y la liquidación de las comunidades indígenas en Chiloé. Este decreto en realidad disponía la liquidación de las comunidades indígenas que detentaban Títulos de Merced y otros que no se presentaba en Chiloé ya que, como ya ha sido reseñado; en este lugar fueron otorgados Títulos Realengos.
No obstante, el decreto fue en los hechos aplicado extensivamente al territorio mapuche-huilliche y mediante el accionar del Ministerio de Bienes Nacíonales y del Departamento de Asuntos Indígenas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (lNDAP- DASIN) se puso en marcha el proceso de división y liquidación de los fundos indígenas de Waipulli, Koiwin de Kompu y Weketrumao. El fundo Waipulli resultó totalmente dividido, en el sector de Kompu el proceso afectó a parte del territorio y en Weketrumao, si bien la medición concluyó, los títulos individuales no pudieron ser emitidos debido a que la cabida disponible como tierras fiscales inscritas resultó inferior a las mediciones de los espacios en que se ubicaban los comuneros. A estas diferencias en la superficie, se suma también el hecho que los comuneros se oponían en virtud del Título Realengo y a su aspiración histórica de que el Fundo fuera devuelto con un título global[78].
El otro decreto aplicado fue el 2.695 de 1979, este fue utilizado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, para regularizar pequeñas parcelas de tierra en las comunidades en conflicto con las empresas privadas que a través de distintos procesos, obtuvieron la titularidad del dominio sobre los fundos indígenas de Yaldad, Koinko y Koldita[79].
Comenzaba así otra etapa respecto de las demandas territoriales, la que se desprende de las palabras del cacique de la comunidad de Coigüin, don José Santos Lincoman, quien en el mes de febrero de 1980 solicitaba a las autoridades militares que se les entregaran 12.000 hectáreas bajo un título de dominio global, libres del pago de contribuciones. La respuesta gubernativa no tomó en cuenta las demandas indígenas y es así que en el fundo Coigüin se llevó a cabo la remensura entregándose títulos individuales de dominio, entre 1982 y 1986, dividiendo el predio en tres partes. Cabe señalar que gran parte de las familias viven en el bordemar, donde los predios adjudicados no superaban las 10 hectáreas. Junto a lo anterior, las familias de Coigüin plantean que en muchas ocasiones se mensuró y entregó tierras -las de mayor tamaño-, a personas recién llegadas y que no formaban parte de la comunidad, quienes además luego las vendieron.
En el fundo Huequetrumao, la entrega de títulos individuales quedó pendiente por diferencias entre las mensuras realizadas por las reparticiones públicas, como también por la negativa de las familias indígenas de recibir títulos individuales de dominio y porque en la propuesta de entrega territorial quedaba fuera una importante superficie, la que formaba parte del antiguo título de 1823.
Con respecto a la historia territorial de las comunidades de Coldita, Yaldad y Coinco, aquellas que quedaron en tierras que el Fisco reconoció como propiedad de la Sociedad Explotadora de Chiloé, no obstante ser un antiguo dominio mapuche-huilliche, comenzó un largo y dilatado conflicto, que estalló en el momento en que los particulares decidieron explotar los predios, lo que implicaba el desalojo de sus ancestrales habitantes. El conflicto no demoró en llegar, razón por la cual las familias mapuche-huilliche acudieron a las autoridades regionales en busca de amparo, las que enviaron una comisión en terreno para evaluar los hechos. Las autoridades regionales entregaron un informe basándose en consideraciones formales, proponiendo una solución -compra por parte de los indígenas de las tierras en conflicto- inviable por la situación socioeconómica y no satisfactoria frente a las demandas sobre los derechos históricos que las familias mapuche-huilliche reclamaban para sí.
El primer antecedente para entender conflictos posteriores se encuentra en 1956, año en que la Sociedad Explotadora se asoció con consorcios franco-suecos y Armando Braun Menéndez, para dar origen a la Forestal Ganadera Chiloé (FOGACHIL)[80], comenzando así una serie de transferencias sucesivas entre particulares e inversionistas.
Seis años después la sociedad se disuelve, sin haber realizado explotación alguna, volviendo los predios huilliches a manos de la Sociedad Explotadora. Sin embargo, en el año 1968 y en la ciudad de Santiago, Timoleón de la Tailler comprará a la Sociedad Explotadora los fundos Yaldad, Coldita, Coinco y Asasao, reinaugurando el proceso de transferencias entre los mismos socios, los que van armando y desarmando sociedades, especulación, hipotecando y presentando como capital ante entidades bancarias los antiguos fundos mapuche-huilliche.
En forma paralela, las familias huilliches continuaron solicitando el dominio de los predios que habitaban, aquellos cuyo dominio les había denegado el Fisco. Así lo hizo en 1950, el cacique de Yaldad don Abelardo Chiguay, en representación de las familias de Incopulli, en 1955 y 1967 don Arturo Colivoro, y en al año 1968 cuarenta jefes de familia, con el objeto de obtener títulos gratuitos. Así sucede también con las familias de Coldita y Coinco, las que solicitaron parcialidades de sus antiguos dominios y a las que incluso se les aplicó un censo, en el que queda constancia de los terrenos ocupados en vivienda por los indígenas y las mejoras por ellos realizadas. No obstante las múltiples gestiones realizadas -tanto por las directivas de las comunidades como por algunos de sus miembros- la respuesta fue negativa, basada en el hecho de que se trataba de terrenos deslindados por el Ministerio de Tierras, de acuerdo a los preceptos de la Ley de Propiedad Austral, y reconocidos en dominio a la Sociedad Explotadora de Chiloé y a su sucesor, Timoleón de la Taille y luego Foreschil, empresa a la que transfirió sus predios.
En marzo de 1981, la Compañía Forestal de Chiloé demanda en el Juzgado de Letras de Castro a la totalidad de los jefes de familia que habitan y trabajan los fundos Yaldad, Coldita y Coinco, en juicio de reivindicación en cuanto ocupantes irregulares de dichos fundos. La situación llegó a un nivel crítico, ya que las familias indígenas se negaban a abandonar sus tierras ancestrales y la empresa forestal se empeñaba en el desalojo de la comunidad. Ante ello, la Oficina Provincial del Ministerio de Bienes Nacionales decidió hacerse parte de tres maneras: realizando una encuesta en terreno, tratando de lograr un avenimiento entre las partes, y negociando con la empresa.
Los resultados de la encuesta son elocuentes, y se resume en que las 78 familias encuestadas en los predios de Yaldad, Coldita y Cónico -de un total de 83, cada una en promedio con 6 personas- ocupaban 1.155,55 hectáreas de superficie limpia, 1.711,2 hectáreas de superficie semi limpia y 2.184,3 hectáreas de monte, dando un total de 5.168,9 hectáreas. Este antecedente es de vital importancia para la negociación que se hace posteriormente, ya que son incluidos terrenos de cultivo y pastoreo, como son las limpias; zonas de extracción de leña antigua y de roces para ampliar el área agrícola; las semi limpias y áreas de montes, utilizadas para la extracción de leña, cercos y ramoneo de animales. La encuesta muestra aquellas tierras eran ocupadas ancestralmente y que permiten la supervivencia material y cultural de las familias indígenas, integrando tierras agrícolas, ganaderas y forestales.
La respuesta empresarial fue el ofrecimiento de vender solo el terreno circundante a la casa habitación de las familias, dejando fuera los terrenos de agricultura, recolección y ganadería. Aquellas no aceptaron el ofrecimiento de FORESCHIL, dado que no era posible sobrevivir en un espacio tan reducido, además de que no eran reconocidos los derechos comunitarios.
Ante la inminencia del desalojo, y con el fin de denunciar la situación y buscar apoyo, en el mes de octubre de 1981 viaja a Santiago una delegación encabezada por don Estanislao Chiguay, la que acude a la Vicaría de la Solidaridad y se entrevista con el cardenal Raúl Silva Henríquez. No obstante, la empresa mantendrá su posición, y a instancias de la Gobernación Provincial se llega a un avenimiento entre las partes en conflicto.
La Oficina Provincial de Bienes Nacionales realiza una nueva mensura, la que arrojó las siguientes cifras: en Yaldad se reconocerá la posesión de 212,5 hectáreas para 22 familias, en Coinco 18,5 hectáreas para 8 familias y en Coldita 407,7 hectáreas para 39 familias. En total, se miden para 69 familias un total de 638,7 hectáreas, aproximadamente el 10% de lo efectivamente ocupado, a las que se les entregó títulos individuales de dominio.
Lo anterior, significó privar a las familias mapuche-huilliche de los terrenos que permiten el trabajo agrícola, forestal y ganadero, elementos fundamentales de su economía y que quedaron en dominio exclusivo de la empresa forestal. Junto a ello, cada una de las pequeñas hijuelas individuales quedó colindando totalmente con la empresa. Por otra parte, a las personas que no estaban de acuerdo con la medición no se les entregó título.
--------------------------------------------------------------------------------
[71] Muñoz, M. y Olivera, A. 2003. Análisis del Informe de Francisco Mozo del Dpto. Jurídico del Ministerio de Tierras y Colonización de 1931. Documento. de Trabajo. CGC-Chiloé.
[72] Urrutia, F. La continuidad de la propiedad raiz en una comunidad huilliche de Chiloé: el Fundo Coihuin. Proyecto para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1992.
[73] Son conocidos y está en manos de los Lonko huilliche los Títulos Realengos otorgados a las comunidades de Compu, Weketrumao, Waipulli, Inkopulli, Koinko, Yaldad y Koldita (Tweo y Piedra Blanca) todos los sectores ubicados en el sur de la comuna de Quellón, Chiloé. El total de tierra documentadas no está definida sobre la base de los deslindes originales. Ejercicios desarrollados ya trascurrida la República han estimado que las superficies documentadas corresponderían a 60.000 hectáreas distribuidas en 12.395 has en Kompu, 2. 753 en Waípulli, Weketrumao 5.l34 has, Coinco 3.329 has , lnkopullï 20.549 has, y Coldita 15.695 has. En: Molina, Raúl y Correa, Martín. Territorios Huilliches de Chiloé, CONADI, Santiago,1996.
Estas estimaciones, no necesariamente guardan relación con la superficie real, por cuanto responden a criterios asumidos por geomensores que no se orientan por las fuentes documentales.
Para los mapuche- huiilliche de Chiloé estos títulos se han transformado en la principal prueba de la posesión histórica del territorio y de la existencia del territorio mismo y han pasado a constituir el fundamento documental de sus demandas reivindicativas hasta el presente.
[74] Olivera, A. Las comunidades de Chanquin y Huentemo y sus derechos históricos sobre el fundo Anay: Una reflexión desde la costumbre huilliche. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Católica de Valparaíso, 1994. p. 40. Citando a URETA, J. La constitución de la Propiedad Austral. Memoria de Titulación Escuela de Derecho, Universidad de Chile, 1927. p. 107.
En el contexto de la defensa territorial, el tratado de Tantauco constituye un segundo gran recurso jurídico, a través del cual el Consejo General de Caciques Williche de Chiloé ha invocado el tratado en sus demandas y exigido del Estado chileno el cumplimiento de sus disposiciones. El Tratado no fue ni ha sido ratificado por el poder legislativo, lo que conforme las normas del Derecho de los Tratados, impide su obligatoriedad como normativa interna del país suscriptor.
[75] Torrealba, J. Tierras fiscales e indígenas. Su legislación y jurisprudencia. Editorial Imprenta Universitaria. Santiago, 1917.
[76] Urrutia, F. La continuidad... Op. cit.
[77] Ver: Molina, Raúl y Correa, Martín. Territorios Huilliches de Chiloé... Op. cit.: 20
[78] Ver: Molina, Raúl y Correa, Martín. Territorios Huilliches de Chiloé... Op. cit.
[79] Ídem.
[80] Las compañías en cuestión son: Sociéte Francaise de Sucreries du Chili Industriel, con domicilio en Francia, Stora Kopparberg Bergslags Aktiebalag, de Suecia, Attiebolaget Papirus, de Suecia, Societé de Banque Participations, de Francia, y Armando Braun Menéndez, domiciliado en Buenos Aires, Argentina.
1. La colonia y el reconocimiento de la propiedad
A partir del arribo de los españoles a Chiloé, a mediados del siglo XVII, parte importante de la sociedad mapuche-huilliche es sometida a las encomiendas, como mano de obra, y sus tierras entregadas a soldados españoles. No obstante dicho sometimiento, en el año 1712 se produce un importante levantamiento, específicamente el 10 de febrero, exigiendo el término de las encomiendas y la consiguiente devolución de sus tierras. En respuesta a ello, las autoridades españolas ordenan regular el trabajo en las encomiendas prohibiendo el trabajo de niños, entre otras medidas. El conflicto, no obstante, se mantuvo latente durante todo el siglo XVIII, ya que los encomenderos desobedecieron las órdenes reales y mantuvieron condiciones de explotación de la población mapuche-huilliche sometida al régimen de encomienda.
Los mapuche-huilliche desarrollan una resistencia pacífica destinada a sumir en una crisis a la economía colonial chilota, abandonando el trabajo agrícola, trabajando lentamente o negándose a transportar alimentos hacia las haciendas y las islas. Dichas acciones se mantuvieron hasta el 26 de marzo de 1783, fecha en que la encomienda es abolida en Chiloé. En ello también influirá la acción de la Iglesia Católica, la que a través del Obispo de la zona denunciaron la situación en que los encomenderos mantenían a los indígenas.
1.1. Los Títulos Realengos
Los derechos territoriales de los mapuche-huilliche de Chiloé emanan de su posesión ancestral. No obstante lo anterior, la territorialidad huilliche cuenta con un reconocimiento jurídico otorgado por el Estado español durante la colonia. Se trata de los llamados Títulos Realengos, los que constituyen el principal reconocimiento y se erigen como evidencia formal de sus derechos territoriales.
Todos los terrenos, ubicados en el sur de Chiloé, en lo que hoy corresponde a la comuna de Quellón, fueron deslindados, mensurados y escriturados a través de títulos de dominio, llamados “Potreros Realengos”, por aplicación del orden colonial de constitución de la propiedad. Así, la antigua posesión material mapuche-huilliche es reconocida a través del otorgamiento de títulos de dominio, que se encuentran en el Conservador de Bienes Raíces de Castro, y cada comunidad tiene copia de ellos.
En la existencia de los llamados “Potreros Realengos” se fundan los argumentos y las demandas de tierras mapuche-huilliche, principalmente a partir del momento en que el Estado chileno deslindó la propiedad privada de la fiscal, con la consiguiente llegada de particulares chilenos al territorio mapuche-huilliche. Si bien cada título es específico e individual, en general, se repite la misma fórmula, que consiste en nombrar el lugar, los deslindes, los beneficiarios y los derechos que a través de él se adquieren, quedando establecido que una vez cumplidas las formalidades de rigor, se reconoce el dominio sobre una determinada superficie de terreno. La suma total de lo reconocido en dominio a las familias mapuche-huilliche por la corona española, alcanza aproximadamente a 60.000 hectáreas.
El primer Título Realengo del que se tiene conocimiento hasta ahora, fue entregado a los caciques Luis Gonzaga Levien y José Chiguay por el Gobernador de San Carlos de Chiloé don Antonio Alvarez Jiménez el 30 de julio de 1804[71]. Entre los años 1823 y 1825 un Decreto de la Real Hacienda Nacional del año 1821 firmado por el Gobernador de la Provincia y el Ministerio de Hacienda ordenó el reconocimiento y justificación de los Potreros Realengos que poseían "... los naturales de la costa de Payos, previa medición, tasación y pago en la Real Caja de San Carlos de Ancud..."[72]. Se trató de títulos comunitarios de dominio que tenían por titular a los Lonko y sus familias y en ellos se identificaban los espacios dentro de los cuales las comunidades desarrollaban su vida[73].
En 1823, el gobernador Antonio Quintanilla ordena al capitán, teniente coronel Santiago Gómez, recorrer los territorios ocupados y trabajados por las familias mapuche-huilliche, con el objetivo de reconocerlos y dar forma a un título de dominio por dichos terrenos de ocupación antigua. Como fruto del trabajo ordenado por Quintanilla, entre los meses de septiembre y noviembre de 1823 la corona española otorga en “perpetua y segura” propiedad los potreros de Coigüin, Coldita, Guaipulli, Huequetrumao, Yaldad y Coinco.
Fue de esa manera como las familias mapuche-huilliche lograron acceder al dominio legal de las jurisdicciones de sus caciques, en lo que en un principio se concibió como “segura y perpetua propiedad”. Sin embargo, a partir de la integración del archipiélago de Chiloé a la República de Chile en el año 1826, comenzará una nueva etapa respecto a los dominios mapuche-huilliche.
2. La anexión de Chiloé al Territorio Chileno. La Firma del Tratado de Tantauco y la República
Mediante el Tratado de Tantauco correspondiente al año 1826, se puso fin a la guerra entre chilenos y españoles. Firmado el 15 de Enero de 1826 entre las autoridades militares patriotas -encabezadas por el General Ramón Freire- y el gobernador español Antonio Quintanilla, el que expresamente señalaba en su artículo 6 que, así como los bienes y pertrechos de la milicia hispánica, y en su artículo 7 que serían inviolablemente respetados los bienes y propiedades de todos los habitantes de la provincia. Entre ellos, las propiedades que habían sido reconocidas en dominio a las comunidades mapuche-huilliche reconocidos por Títulos Realengos.
Tras la firma de este Tratado devino la incorporación de Chiloé al territorio de la República. El Tratado fue inicialmente respetado por el Estado chileno, así lo demuestra un Bando dictado con fecha 12 de septiembre de 1835, que dice:
“... por cuanto el artículo 7 del Tratado de Tantauco estipuló que serían inviolablemente respetados los bienes y propiedades de los habitantes de esta provincia y que sería causa de grandes perturbaciones el no respetar el dominio derivado de las mercedes reales o compras del gobierno colonial, ORDENA... que se debe respetar y hacer respetar el dominio y la posesión de conformidad a estos antecedentes, y los particulares pueden hacer sacar copias autorizadas en papel común y a su costa de la resolución gubernativa y las anotaciones que rolen en los libros de Mercedes Reales y de Mensura General de la Provincia, con el fin de que los poseedores verdaderos estén premunidos contra las perturbaciones sobre los poseídos, con la exhibición de estos documentos y la posesión inmemorial...”[74].
El 10 de junio de 1823 -con anterioridad a la anexión de Chiloé al territorio chileno- había sido dictado una Ley senatorial firmada por Ramón Freire y Mariano Egaña, y conocida como Ley Freire, cuyo objetivo fue reconocer de las propiedades indígenas, y cuya aplicación en el archipiélago de Chiloé se llevó a cabo entre los años 1829 y 1837, ordenando en su artículo segundo que las tierras sobrantes pertenecientes al Estado fueran mensuradas y, en su artículo tercero, que las posesiones indígenas reconocidas por ley fueran declaradas en perpetua y segura propiedad.
De ambas disposiciones legales -el Tratado de Tantauco y la Ley Freire- es posible inferir que existía la voluntad de respetar la propiedad indígena -en el caso de Chiloé, los Potreros Realengos-, de reconocerla y de asegurarla en el dominio de sus legítimos dueños. El objetivo político de pacificación que habría llevado al Estado a dictar la Ley Freire, habría sido deslindar la tierra indígena de la tierra estatal y para realizar este decantamiento de los dominio territoriales, el legislador chileno de la época habría entendido que tierra indígena era aquella “actualmente poseída por indígenas”, es decir, la ley chilena habría modificado la calidad jurídica del indígena poseedor por el de propietario. Según esta tesis, al año 1823 todos los indígenas huilliche con o sin Títulos Realengos y con posesión territorial, adquirieron la calidad de propietarios indiscutidos de sus territorios.
A medida que avanzaba el siglo comenzaron a llegar a Chiloé y a sus islas adyacentes un número importante de particulares, en su mayoría colonos extranjeros, los que se fueron radicando en la parte norte de la Isla Grande. Pero ya a fines del siglo XIX fue ocupada el área centro y sur de la Isla Grande de Chiloé, por personas y sociedades que establecieron extensas propiedades, lo que generó conflictos por el dominio de las tierras mapuche-huilliche, inaugurando con ello una relación de demandas y conflictos que se mantiene hasta el presente.
3. Los mecanismos de pérdida de tierras
La apropiación de las tierras indígenas es llevada a cabo por diversos particulares, los que en su acción se vieron favorecidos por el Estado chileno, el que había iniciado un proceso de mensura de las propiedades fiscales del archipiélago de Chiloé. Este proceso consistió en la inscripción a nombre del Fisco chileno en el año 1900, del territorio, a partir de lo cual comenzaron las quejas y demandas de oposición de quienes se sintieran perjudicados por la inscripción fiscal, los que deberían presentar, para tales efectos, títulos de dominio válidamente inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces de Castro.
El Fisco inscribió a su nombre -como “Dominio sin Título”- gran parte de los predios mapuche-huilliche, dejando como propiedad indígena sólo algunos retazos ubicados en el bordemar, sectores en donde las familias tenían ubicadas sus viviendas y huertos. Todo lo demás, correspondiente a las tierras del interior, sectores de antigua ocupación indígena en ganadería, ramoneo y recolección de leña, fueron declarados fiscales.
El 14 de febrero de 1896 el poder ejecutivo dictó un decreto supremo aprobando por Ley de la República, mediante el cual el Estado se obligaba a entregar en la provincia 100 mil hectáreas de tierra a un particular que ejecutaría la colonización del territorio con el poblamiento de extranjeros. Para llevar a cabo este proceso de traspaso, el fisco inscribió para sí aproximadamente las tres cuartas partes del departamento de Castro, además de 12 Islas del archipiélago[75]. Gran parte de la territorialidad mapuche-huilliche ingresó por esta vía al patrimonio estatal y fueron desconocidos los títulos de dominio otorgados por la corona.
El procedimiento de inscripción fiscal contempló el otorgamiento de un plazo para que se presentaran las oposiciones de los particulares que se sintieran perjudicados en sus derechos. Ciertamente los mapuche-huilliche no presentaron oposición dado el desconocimiento que tuvieron del proceso, la incomprensión del mismo, la lejanía y el difícil acceso a los centros de información.
Esta inscripción abrió paso a lo que algunos autores han denominado "la segunda usurpación de los indígenas, huilliche-chilotes"[76]. La tierra declarada fiscal fue luego adjudicada a las empresas que iniciaron la explotación de los recursos naturales en Chiloé, especialmente del recurso forestal.
A pesar de que, por el Tratado de Tantauco y por la Ley Freire, los indígenas debían ser respetados en sus dominios, con la inscripción del año 1900 el Estado chileno desconoció dicha legislación, como asimismo las inscripciones que amparaban a comunidades completas. Paralelamente, se impulsó un proceso global de identificación de tierras particulares en oposición a aquellas consideradas de propiedad fiscal.
Toda la tierra considerada fiscal quedó resguardada en la inscripción número 77 del 9 de mayo del año 1900, en el Conservador de Bienes Raíces de Castro. A través de este acto los territorios mapuche-huilliche que aún carecían de inscripción ingresaron al sistema y cambiaron jurídicamente de propietario. No obstante los cambios en el dominio, la posesión efectiva se mantuvo por parte de las comunidades. Será durante el siglo XX que los mapuche-huilliche sentirán con fuerza los efectos de esta pérdida iniciándose, desde el primer tercio del siglo, el peregrinar de Lonko por diversas dependencias administrativas para tratar de recuperar, a través de las instancias institucionales del Estado, el dominio perdido. De la mano con esta disputa, vendrá también la pugna con las empresas particulares, por la posesión de las tierras, especialmente con las forestales que en número creciente comenzarán a llegar a la Isla.
Con la Inscripción Fiscal del 1900 los antiguos territorios entregados en el siglo XIX desaparecerán como espacios ecológicos. Ya no se encontrarán en los documentos republicanos referencia a “territorios”; por el contrario se irá produciendo el desmembramiento del espacio mapuche-huilliche, el que será ahora concebido como simples extensiones de tierra: superficies precisas, claramente cuantificadas. Desaparecerá la sinuosidad del paisaje y las antiguas referencias a accidentes geográficos serán reemplazadas por deslindes rectilíneos. En las representaciones gráficas, aparecerán los puntos unidos por líneas rectas y los ríos, montes, montañas, lagunas, etc. que constituyen la mapu ñuke de los mapuche-huilliche, se verán abrupta y artificialmente interrumpidas y desnaturalizadas.
En virtud de la inscripción fiscal de 1900 el Estado chileno se apropió de 172.986 hectáreas de terreno. Quedaron incluidos como estatales los potreros de Coiwin de Compu, Waipulli, parte del fundo Weketrumao, Koinko, y parte del fundo Incopulli de Yaldad.[77] El fundo Coldita no se incorporó en la inscripción gracias a una oposición oportuna y eficaz de Justo Llancalahuen quien ostentaba título de dominio inscrito sobre el predio.
Se debe tener presente que las comunidades indígenas, con mayor o menor grado de organización, conocimiento o entendimiento de las leyes chilenas, intentaron que el Estado respetara sus documentos coloniales, sus papeles ancestrales, su condición de herederos de los originales caciques, o - al menos - su posesión ancestral, pero no pudieron evitar la pérdida de sus territorios, los que fueron traspasados a los empresarios forestales.
Con la sustracción del dominio legal indígena de sus ancestrales territorios, se dio también inicio a un proceso de apropiación de sus tierras. Una vez que las tierras indígenas fueron declaradas fiscales, en los años 1906 y 1907 pasarán ante la Notaría de Castro, una serie de especuladores a solicitar la adjudicación de los predios mapuche- huilliche.
Una vez allí, el particular -famoso es el caso de Manuel Vargas, quien actuaba en nombre de la Sociedad Austral de Maderas- solicitaba que se nombrara un Juez Compromisario a fin de que este llamase a pública subasta y adjudicara los predios cuyos títulos de dominio no fueron reconocidos por el Fisco o que este declaró como “Dominios sin Títulos”. Luego, el Juez hacía público el llamado a la adjudicación, avisando mediante un cartel en la Notaría de Castro y en el periódico local, La Voz de Castro, ambos ajenos y lejanos a las familias indígenas. Una vez cumplido el plazo de aviso, el Juez Compromisario, adjudicaba ante los postores los bienes que se subastan, acto al cual por desconocimiento no asistían las familias mapuche-huilliche. De manera tal que por cantidades irrisorias de dinero, fueron adjudicados a particulares en 1907 varios predios, cuyos nuevos títulos de dominio eran inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces de Castro.
El Estado, que había declarado fiscal dichos predios para protegerlos de la especulación fraudulenta y de la expansión de particulares, abrió el camino para ello, como en el caso de la ya mencionada Sociedad Austral de Maderas, que logró constituir a su favor un territorio. Pero además, la usurpación fue saneada y legalizada haciéndose caso omiso de la presencia de una gran cantidad de habitantes en los predios. Los mapuche-huilliche de las comunidades de hoy en día, asocian la pérdida de sus tierras, a este hito, el traspaso de estas al Fisco y el inicio del pago de impuestos. Hasta la actualidad, las comunidades del sur de la Isla Grande demandan la reparación de dicha gestión, presentando como argumento el que sus legítimos propietarios jamás vendieron sus propiedades, sino que el Estado, en el ejercicio de sus funciones, fue el ente que las sustrajo de su dominio.
Por otro lado, no ha sido reconocida la validez de los títulos mapuche-huilliche, tanto en un primer momento, cuando se hizo la inscripción fiscal, como en el presente, cuando se produce, objetivamente, duplicidad de dueños. En la década de 1880 -momento en que comienzan a llegar una multiplicidad de especuladores ávidos de tierras a la zona- representantes de las comunidades acudieron a la Notaría de Castro a formalizar los documentos que reconocían el dominio indígena en cada uno de los predios.
Una vez que las antiguas tierras mapuche-huilliche quedan bajo el dominio de la Sociedad Austral de Maderas, los títulos de dominio comenzarán a ser objeto de múltiples inscripciones, transacciones y transferencias, como también de especulaciones financieras al ser presentadas como capital para la formación de diversas sociedades, no obstante las familias indígenas mantienen la posesión material de las tierras.
Así, en el año 1914, la Sociedad Austral de Maderas realiza una reinscripción del conjunto de ellos, cancelando las inscripciones parciales a cambio de una inscripción general, solicitando al juez que autoriza la reinscripción la prohibición de nuevas inscripciones por parte de personas extrañas al poseedor dentro de los límites de ellos.
En el año 1918 la Sociedad Austral de Maderas es liquidada, siendo sucedida por la Comunidad Quellón, formada por las familias radicadas en Punta Arenas Braun Blanchard y Díaz Contardi. Finalmente, en el año 1925 se liquida la Comunidad Quellón, dando origen sus socios a la Sociedad Explotadora de Chiloé, empresa a la que transfieren los antiguos potreros mapuche-huilliche, inscribiéndolos a nombre del nuevo propietario en la Notaría de Castro en el año 1928.
4. La Ley de Propiedad Austral
Al poco tiempo de inscribirse los predios a nombre de la Sociedad Explotadora, se crea el Ministerio de la Propiedad Austral cuyo objetivo principal se orientaba a aclarar y sanear la propiedad constituida en el sur de Chile, tanto respecto de los predios indígenas como de los predios de particulares y fiscales. El Decreto Ley 1.600, dictado en marzo de 1931, impulsó un nuevo proceso tendiente a definir los territorios de dominio fiscal en el sur de Chile.
En dicho proceso, tanto la Sociedad Explotadora de Chiloé como las familias mapuche-huilliche, intentaron a través de la Ley de la Propiedad Austral el reconocimiento de sus dominios y la validez de sus títulos, para lo cual el Fisco debió examinar los títulos que presentaron los interesados al momento de alegar dominio, a la vez que exigir la posesión material de los predios a que se refieren las escrituras.
Dicho proceso, que se lleva a cabo durante la década de 1930, genera la posibilidad de recuperar los antiguos dominios mapuche-huilliche. Paralelamente, se llega al conflicto abierto entre las comunidades mapuche-huilliche y los particulares, en la medida en que las familias indígenas conservan el uso y explotación de lo que consideran propio, y sobre lo que los particulares pretendían exclusividad no solo del dominio sino también de la explotación de los predios.
Así entendido, todos quienes decían tener alguna propiedad o bien raíz en el sur de Chile debían presentar ante el Fisco los títulos de dominio que poseían, además de probar que el predio sobre el que se alegaba dominio se encontraba inscrito ante el Conservador de Bienes Raíces, que se pagaban contribuciones de bienes raíces, que existía ocupación material directa o por otra persona y a lo menos por diez años, y que habían sido realizados trabajos y mejoras para hacerlo productivo. Todo este cúmulo de antecedentes daba forma a los Expedientes de Revalidación de Títulos, lo que fue reglamentado por los preceptos del Decreto Ley Nº1.600, dictado en marzo de 1931, la mencionada Ley de Propiedad Austral.
La Sociedad Explotadora de Chiloé utilizó todos los medios, legales y extralegales, para lograr el reconocimiento de sus títulos y la exclusividad de la propiedad de los predios indígenas, apropiándose a través de este mecanismo de los predios Yaldad, Coinco, Coldita, Coigüin, los fundos Guaipulli y Huequetrumao, de propiedad mapuche-huilliche.
En este contexto, la Sociedad Explotadora presenta sus títulos ante el Ministerio de Tierras, a fin de que tal como había sido hasta ese momento, la repartición estatal le diera el visto bueno y pudiese así adquirir la exclusividad del dominio de los fundos en disputa. Ello como un primer paso para luego, al momento que se decidiese la explotación de los predios, desalojar a sus ocupantes y lograr, en consecuencia, lo que hasta ese momento no tenía, la posesión material de las tierras indígenas.
No obstante lo anterior, la empresa explotadora se encuentra con una gran dificultad al no tener la posesión material de los predios, ya que no ejercía a su nombre dicha posesión, ni había realizado mejoras que demostraran la ocupación de por lo menos diez años de los fundos en cuestión y, por otro lado, porque dicha ocupación la realizaban las familias indígenas. Ante tal obstáculo la empresa presenta a las familias mapuche-huilliche como ocupantes que se encontraban ya establecidos en los diferentes fundos de la sociedad, anotándolos luego como sus empleados -dado que algunos de ellos habían firmado contratos para abastecer de leña a la fábrica instalada en Quellón- y como inquilinos de los predios, a fin de hacer pasar como propias las mejoras que los indígenas habían realizado, es decir, sus viviendas, huertos y siembras.
A diferencia del proceso llevado ante el Fisco en el año 1900, las familias indígenas participaron activamente del proceso de revalidación de títulos y presentan sus documentos ante las autoridades del Ministerio de Tierras. A la posesión material antigua y sostenida en el tiempo en cada uno de los predios agregan los Títulos Realengos, aquellos que habían recibido de la Corona Española, protocolizado ante el Conservador de Bienes Raíces y de los cuales derivaban los títulos de los particulares.
Durante largos años de infértil gestión administrativa, ya que ningún título indígena fue finalmente revalidado por el Estado, la organización indígena se transformó en activa protagonista, los Lonko se erigieron como representantes activos de los derechos territoriales demandados por los mapuche-huilliche y pugnaron con las empresas el dominio comunitario inscrito de sus tierras.
A la demanda de reconocimiento de los títulos comunitarios realengos se sumó la exigencia del cese del cobro de impuestos territoriales que el Estado aplica a los mapuche-huilliche.
Las autoridades chilenas favorecieron en sus sentencias a la Sociedad Explotadora de Chiloé, si bien no en la plenitud de las demandas. El Ministerio de Tierras sólo reconoció como antecedente jurídico válido aquellos títulos que presenta la Sociedad Explotadora de Chiloé, no obstante su cuestionable origen y que provengan de títulos indígenas. Por otra parte, una vez que fue discutida la posesión material de los predios, respecto a la Sociedad Explotadora, en la mayoría de los casos no fue hecho así aun cuando no había mejoras en los predios, y cuando se reconocía que esta no tenía posesión material alguna, la que es realizada por las familias indígenas. No obstante todo lo anterior, la posesión material continuó en manos de los mapuche-huilliche, constituyendo hasta la actualidad su demanda territorial.
5. Las organizaciones mapuche-huilliche y los conflictos por tierras
A partir de 1930, se aprecia un importante nivel de organización de las comunidades mapuche-huilliche, las que tienen su origen en las autoridades ancestrales y cuyo resurgimiento se explica en la necesidad de defender las tierras comunitarias de la expansión latifundista. Es en este contexto -de pérdida de tierras y de desconocimiento por parte del Estado de los derechos que a ellas tenían las familias indígenas- que se lleva a cabo la primera reunión entre la dirigencia mapuche-huilliche, en el sector de Trincao, en el año 1934. A esta asamblea concurrieron las autoridades de todas las comunidades de Chiloé, planteando nuevamente la vigencia de la antigua demanda: el reconocimiento de los títulos de 1823 como fuente de derechos territoriales. A ella se le suma una nueva demanda, esta es el derecho a mantener la propiedad comunitaria de las tierras como respuesta ante la Ley de División de Comunidades de 1931, demanda que se mantendrá a lo largo de todo el siglo.
En este proceso reivindicativo destacan la presencia de los caciques de Huequetrumao, José Antonio Huenteo, de Compu, José Santos Lincoman, y de Yaldad, Abelardo Chiguay. Ellos, enviarán una carta al Presidente de la República Gabriel González Videla, el 25 de octubre de 1946, solicitando el respeto a los títulos originarios de las tierras, las cuales debían ser devueltas a sus antiguos dueños y sus descendientes.
De igual manera, las directivas de las comunidades mapuche-huilliche, no sólo se coordinaban entre sí sino también lo hacían con las comunidades mapuche-huilliche de Osorno, a través del Consejo de Caciques del Butahuillimapu y con las organizaciones mapuche de la Araucanía. Al respecto, las demandas de las distintas organizaciones eran básicamente las mismas.
Respecto de la cuestión territorial, la situación de los fundos mapuche-huilliche presenta -desde la década de 1950- similitudes y diferencias. Entre las similitudes se encuentra el hecho de que todas las comunidades mantendrán la posesión material de los predios, continuando con la gestión del reconocimiento de sus derechos territoriales sobre la base a los títulos de 1823, y postularán al dominio comunitario de sus tierras. Las diferencias refieren a que mientras algunas comunidades demandarán al Fisco la restitución de sus dominios, no reconocidos en el proceso de revalidación de títulos y declarados “Dominios sin Títulos”, otras tendrán conflictos abiertos con la mencionada Sociedad y sus sucesores en la medida que estos deciden comenzar a explotar los predios.
En el caso de las primeras, aquellas cuyo dominio fue declarado fiscal -por no tener dominio vigente, no obstante tener la posesión material del predio-, se encuentran las comunidades Coigüin de Compu, Huaipulli y Huequetrumao de Chadmo. Las gestiones estarán encaminadas, entonces, a que se les reconozca el dominio y que dicho reconocimiento sea colectivo. Es así como en el año 1958 el cacique de Huequetrumao, José Antonio Huenteo, solicita al Juzgado de Indios de Pitrufquen que con el fin de mantener la comunidad indígena, que solo se realicen los deslindes generales de los predios.
Sin embargo, durante el período del Gobierno millitar la política territorial adquiere otra orientación. En un primer momento la solución que planteó el Ministerio de Bienes Nacionales a las familias mapuche-huilliche, a fin de regularizar su precaria situación, consistía en que compraran al Fisco las partes ocupadas por cada grupo familiar. Esta solución no fue aceptada, pues los habitantes argumentaban tener derechos sobre las tierras heredadas de sus ancestros, las que en algún momento les fueron reconocidas en título de dominio, y por las cuales se habían librado diversas luchas que están aún presentes en la memoria de la comunidad.
El Decreto Ley 2.568 de 1979, promulgado bajo el Gobierno de la época, constituye el cuerpo normativo con el que el Estado chileno impulsó la división y la liquidación de las comunidades indígenas en Chiloé. Este decreto en realidad disponía la liquidación de las comunidades indígenas que detentaban Títulos de Merced y otros que no se presentaba en Chiloé ya que, como ya ha sido reseñado; en este lugar fueron otorgados Títulos Realengos.
No obstante, el decreto fue en los hechos aplicado extensivamente al territorio mapuche-huilliche y mediante el accionar del Ministerio de Bienes Nacíonales y del Departamento de Asuntos Indígenas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (lNDAP- DASIN) se puso en marcha el proceso de división y liquidación de los fundos indígenas de Waipulli, Koiwin de Kompu y Weketrumao. El fundo Waipulli resultó totalmente dividido, en el sector de Kompu el proceso afectó a parte del territorio y en Weketrumao, si bien la medición concluyó, los títulos individuales no pudieron ser emitidos debido a que la cabida disponible como tierras fiscales inscritas resultó inferior a las mediciones de los espacios en que se ubicaban los comuneros. A estas diferencias en la superficie, se suma también el hecho que los comuneros se oponían en virtud del Título Realengo y a su aspiración histórica de que el Fundo fuera devuelto con un título global[78].
El otro decreto aplicado fue el 2.695 de 1979, este fue utilizado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, para regularizar pequeñas parcelas de tierra en las comunidades en conflicto con las empresas privadas que a través de distintos procesos, obtuvieron la titularidad del dominio sobre los fundos indígenas de Yaldad, Koinko y Koldita[79].
Comenzaba así otra etapa respecto de las demandas territoriales, la que se desprende de las palabras del cacique de la comunidad de Coigüin, don José Santos Lincoman, quien en el mes de febrero de 1980 solicitaba a las autoridades militares que se les entregaran 12.000 hectáreas bajo un título de dominio global, libres del pago de contribuciones. La respuesta gubernativa no tomó en cuenta las demandas indígenas y es así que en el fundo Coigüin se llevó a cabo la remensura entregándose títulos individuales de dominio, entre 1982 y 1986, dividiendo el predio en tres partes. Cabe señalar que gran parte de las familias viven en el bordemar, donde los predios adjudicados no superaban las 10 hectáreas. Junto a lo anterior, las familias de Coigüin plantean que en muchas ocasiones se mensuró y entregó tierras -las de mayor tamaño-, a personas recién llegadas y que no formaban parte de la comunidad, quienes además luego las vendieron.
En el fundo Huequetrumao, la entrega de títulos individuales quedó pendiente por diferencias entre las mensuras realizadas por las reparticiones públicas, como también por la negativa de las familias indígenas de recibir títulos individuales de dominio y porque en la propuesta de entrega territorial quedaba fuera una importante superficie, la que formaba parte del antiguo título de 1823.
Con respecto a la historia territorial de las comunidades de Coldita, Yaldad y Coinco, aquellas que quedaron en tierras que el Fisco reconoció como propiedad de la Sociedad Explotadora de Chiloé, no obstante ser un antiguo dominio mapuche-huilliche, comenzó un largo y dilatado conflicto, que estalló en el momento en que los particulares decidieron explotar los predios, lo que implicaba el desalojo de sus ancestrales habitantes. El conflicto no demoró en llegar, razón por la cual las familias mapuche-huilliche acudieron a las autoridades regionales en busca de amparo, las que enviaron una comisión en terreno para evaluar los hechos. Las autoridades regionales entregaron un informe basándose en consideraciones formales, proponiendo una solución -compra por parte de los indígenas de las tierras en conflicto- inviable por la situación socioeconómica y no satisfactoria frente a las demandas sobre los derechos históricos que las familias mapuche-huilliche reclamaban para sí.
El primer antecedente para entender conflictos posteriores se encuentra en 1956, año en que la Sociedad Explotadora se asoció con consorcios franco-suecos y Armando Braun Menéndez, para dar origen a la Forestal Ganadera Chiloé (FOGACHIL)[80], comenzando así una serie de transferencias sucesivas entre particulares e inversionistas.
Seis años después la sociedad se disuelve, sin haber realizado explotación alguna, volviendo los predios huilliches a manos de la Sociedad Explotadora. Sin embargo, en el año 1968 y en la ciudad de Santiago, Timoleón de la Tailler comprará a la Sociedad Explotadora los fundos Yaldad, Coldita, Coinco y Asasao, reinaugurando el proceso de transferencias entre los mismos socios, los que van armando y desarmando sociedades, especulación, hipotecando y presentando como capital ante entidades bancarias los antiguos fundos mapuche-huilliche.
En forma paralela, las familias huilliches continuaron solicitando el dominio de los predios que habitaban, aquellos cuyo dominio les había denegado el Fisco. Así lo hizo en 1950, el cacique de Yaldad don Abelardo Chiguay, en representación de las familias de Incopulli, en 1955 y 1967 don Arturo Colivoro, y en al año 1968 cuarenta jefes de familia, con el objeto de obtener títulos gratuitos. Así sucede también con las familias de Coldita y Coinco, las que solicitaron parcialidades de sus antiguos dominios y a las que incluso se les aplicó un censo, en el que queda constancia de los terrenos ocupados en vivienda por los indígenas y las mejoras por ellos realizadas. No obstante las múltiples gestiones realizadas -tanto por las directivas de las comunidades como por algunos de sus miembros- la respuesta fue negativa, basada en el hecho de que se trataba de terrenos deslindados por el Ministerio de Tierras, de acuerdo a los preceptos de la Ley de Propiedad Austral, y reconocidos en dominio a la Sociedad Explotadora de Chiloé y a su sucesor, Timoleón de la Taille y luego Foreschil, empresa a la que transfirió sus predios.
En marzo de 1981, la Compañía Forestal de Chiloé demanda en el Juzgado de Letras de Castro a la totalidad de los jefes de familia que habitan y trabajan los fundos Yaldad, Coldita y Coinco, en juicio de reivindicación en cuanto ocupantes irregulares de dichos fundos. La situación llegó a un nivel crítico, ya que las familias indígenas se negaban a abandonar sus tierras ancestrales y la empresa forestal se empeñaba en el desalojo de la comunidad. Ante ello, la Oficina Provincial del Ministerio de Bienes Nacionales decidió hacerse parte de tres maneras: realizando una encuesta en terreno, tratando de lograr un avenimiento entre las partes, y negociando con la empresa.
Los resultados de la encuesta son elocuentes, y se resume en que las 78 familias encuestadas en los predios de Yaldad, Coldita y Cónico -de un total de 83, cada una en promedio con 6 personas- ocupaban 1.155,55 hectáreas de superficie limpia, 1.711,2 hectáreas de superficie semi limpia y 2.184,3 hectáreas de monte, dando un total de 5.168,9 hectáreas. Este antecedente es de vital importancia para la negociación que se hace posteriormente, ya que son incluidos terrenos de cultivo y pastoreo, como son las limpias; zonas de extracción de leña antigua y de roces para ampliar el área agrícola; las semi limpias y áreas de montes, utilizadas para la extracción de leña, cercos y ramoneo de animales. La encuesta muestra aquellas tierras eran ocupadas ancestralmente y que permiten la supervivencia material y cultural de las familias indígenas, integrando tierras agrícolas, ganaderas y forestales.
La respuesta empresarial fue el ofrecimiento de vender solo el terreno circundante a la casa habitación de las familias, dejando fuera los terrenos de agricultura, recolección y ganadería. Aquellas no aceptaron el ofrecimiento de FORESCHIL, dado que no era posible sobrevivir en un espacio tan reducido, además de que no eran reconocidos los derechos comunitarios.
Ante la inminencia del desalojo, y con el fin de denunciar la situación y buscar apoyo, en el mes de octubre de 1981 viaja a Santiago una delegación encabezada por don Estanislao Chiguay, la que acude a la Vicaría de la Solidaridad y se entrevista con el cardenal Raúl Silva Henríquez. No obstante, la empresa mantendrá su posición, y a instancias de la Gobernación Provincial se llega a un avenimiento entre las partes en conflicto.
La Oficina Provincial de Bienes Nacionales realiza una nueva mensura, la que arrojó las siguientes cifras: en Yaldad se reconocerá la posesión de 212,5 hectáreas para 22 familias, en Coinco 18,5 hectáreas para 8 familias y en Coldita 407,7 hectáreas para 39 familias. En total, se miden para 69 familias un total de 638,7 hectáreas, aproximadamente el 10% de lo efectivamente ocupado, a las que se les entregó títulos individuales de dominio.
Lo anterior, significó privar a las familias mapuche-huilliche de los terrenos que permiten el trabajo agrícola, forestal y ganadero, elementos fundamentales de su economía y que quedaron en dominio exclusivo de la empresa forestal. Junto a ello, cada una de las pequeñas hijuelas individuales quedó colindando totalmente con la empresa. Por otra parte, a las personas que no estaban de acuerdo con la medición no se les entregó título.
--------------------------------------------------------------------------------
[71] Muñoz, M. y Olivera, A. 2003. Análisis del Informe de Francisco Mozo del Dpto. Jurídico del Ministerio de Tierras y Colonización de 1931. Documento. de Trabajo. CGC-Chiloé.
[72] Urrutia, F. La continuidad de la propiedad raiz en una comunidad huilliche de Chiloé: el Fundo Coihuin. Proyecto para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1992.
[73] Son conocidos y está en manos de los Lonko huilliche los Títulos Realengos otorgados a las comunidades de Compu, Weketrumao, Waipulli, Inkopulli, Koinko, Yaldad y Koldita (Tweo y Piedra Blanca) todos los sectores ubicados en el sur de la comuna de Quellón, Chiloé. El total de tierra documentadas no está definida sobre la base de los deslindes originales. Ejercicios desarrollados ya trascurrida la República han estimado que las superficies documentadas corresponderían a 60.000 hectáreas distribuidas en 12.395 has en Kompu, 2. 753 en Waípulli, Weketrumao 5.l34 has, Coinco 3.329 has , lnkopullï 20.549 has, y Coldita 15.695 has. En: Molina, Raúl y Correa, Martín. Territorios Huilliches de Chiloé, CONADI, Santiago,1996.
Estas estimaciones, no necesariamente guardan relación con la superficie real, por cuanto responden a criterios asumidos por geomensores que no se orientan por las fuentes documentales.
Para los mapuche- huiilliche de Chiloé estos títulos se han transformado en la principal prueba de la posesión histórica del territorio y de la existencia del territorio mismo y han pasado a constituir el fundamento documental de sus demandas reivindicativas hasta el presente.
[74] Olivera, A. Las comunidades de Chanquin y Huentemo y sus derechos históricos sobre el fundo Anay: Una reflexión desde la costumbre huilliche. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Católica de Valparaíso, 1994. p. 40. Citando a URETA, J. La constitución de la Propiedad Austral. Memoria de Titulación Escuela de Derecho, Universidad de Chile, 1927. p. 107.
En el contexto de la defensa territorial, el tratado de Tantauco constituye un segundo gran recurso jurídico, a través del cual el Consejo General de Caciques Williche de Chiloé ha invocado el tratado en sus demandas y exigido del Estado chileno el cumplimiento de sus disposiciones. El Tratado no fue ni ha sido ratificado por el poder legislativo, lo que conforme las normas del Derecho de los Tratados, impide su obligatoriedad como normativa interna del país suscriptor.
[75] Torrealba, J. Tierras fiscales e indígenas. Su legislación y jurisprudencia. Editorial Imprenta Universitaria. Santiago, 1917.
[76] Urrutia, F. La continuidad... Op. cit.
[77] Ver: Molina, Raúl y Correa, Martín. Territorios Huilliches de Chiloé... Op. cit.: 20
[78] Ver: Molina, Raúl y Correa, Martín. Territorios Huilliches de Chiloé... Op. cit.
[79] Ídem.
[80] Las compañías en cuestión son: Sociéte Francaise de Sucreries du Chili Industriel, con domicilio en Francia, Stora Kopparberg Bergslags Aktiebalag, de Suecia, Attiebolaget Papirus, de Suecia, Societé de Banque Participations, de Francia, y Armando Braun Menéndez, domiciliado en Buenos Aires, Argentina.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)