Indignación en movimiento mapuche-willice

Indignación en movimiento mapuche-williche

Willice exigen explicación y disculpas al gobierno

"El gobierno le pide disculpas públicas a Sebastián Piñera", señaló el Ministro del Interior, Francisco Vidal, luego que El Mercurio publicara este domingo que agentes de Investigaciones habían indagado las compras de tierras del empresario en Chiloé. En los hechos, el operativo de inteligencia apuntaba en realidad al Consejo de Caciques de Chiloé y tenía como objetivo "anticipar eventuales escenarios conflictivos". Dirigentes williche, víctimas de la irregular investigación, exigen también explicaciones y disculpas del gobierno. Werken Juan Pichún, por su parte, denuncia operativos similares en la IX Región.

Por Pedro CAYUQUEO / Azkintuwe Noticias

GULUMAPU / Con sorpresa e indignación reaccionaron los dirigentes del Consejo General de Caciques de Chiloé ante la divulgación de un informe de inteligencia policial relacionado con sus comunidades y "eventuales conflictos de tierras" que pudieran protagonizar a futuro con el empresario chileno y candidato presidencial, Sebastian Piñera, propietario de 140 mil hectáreas en la parte sur-oriental de la Isla Grande de Chiloé. El informe -denunciado erróneamente como un caso de espionaje político contra el magnate propietario de Lan Chile- fue divulgado el pasado domingo en un reportaje de la periodista Paula Afani publicado en El Mercurio de Santiago.
Según se desprende del Informe -caratulado con el número 14- con fecha 21 de febrero de 2005, mediante el requerimiento Nº 7, desde la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JIPOL) -que depende del director general de Investigaciones, quien a su vez reporta directamente al Ministro del Interior, Francisco Vidal-, se instruyó a un reducido equipo de agentes policiales para recopilar el máximo de información sobre las comunidades mapuche-williche, sus dirigentes y reclamaciones territoriales, todo ello tras la compra de 115 mil hectáreas en la isla de Chiloé por parte de Sebastián Piñera al magnate norteamericano Jeremiah Henderson, este último señalado como un histórico "usurpador" de tierras indígenas en la zona.
Cumpliendo con el mandato de sus superiores en Santiago, la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) de Puerto Montt debió elaborar un informe detallado con la información recopilada, centrando sus investigaciones en el Consejo General de Caciques de Chiloé, sus dirigentes y las familias asentadas en los sectores aledaños al predio comprado el año 2004 por Piñera al suroeste de la ciudad de Quellón. El informe fue fechado el 8 de marzo de 2005, bajo la firma del inspector Claudio Vargas y remitido finalmente a la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JIPOL) -dependiente del Ministerio del Interior- "para su conocimiento y fines pertinentes".
Indignación por trato discriminatorio
En una declaración suscrita por el Lonco Mayor Carlos Lincomán y el secretario Armando Llaitureo, los dirigentes williche precisan que la investigación encargada por el gobierno a la policía civil, claramente se realizó en contra del Consejo General de Caciques Huilliche de Chiloé y fuera de toda norma que la ampare, lo que “constituye a todas luces una clara manifestación de intimidación, vulneración de los derechos humanos de personas y dirigentes williche de Chiloé, así como una acción de abierta discriminación que no debe pasar inadvertido a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales”.
"El gobierno habla de prevenir delitos, de anticiparse a posibles actos delictuales en la zona mapuche, pero nosotros somos organizaciones políticas y sociales. Los mapuche constituimos un movimiento social que hoy está siendo investigado como si se tratara de un movimiento terrorista. Me parece que es una vergüenza que en democracia el gobierno de Ricardo Lagos realice estos operativos de espionaje hacia nuestras comunidades, como si se tratara de asociaciones ilícitas o zonas donde viven delincuentes comunes o terroristas", señala a Azkintuwe, Juan Pichún, werken de la comunidad Temulemu de Traiguén y quien solidarizó desde la IX región con las comunidades williches.
Esto es refrendado por el lonko Mayor Carlos Lincoman, para quien "la investigación policial realizada en torno a nuestra organización, que consigna nombres de personas honestas como si se tratara de criminales, así como las declaraciones posteriores de su Ministro del Interior y del Jefe de Policía, constituyen una grave ofensa y amenaza para nuestro pueblo, en tanto de sus voces queda en evidencia que las conversaciones con el gobierno chileno, no son las de respeto, ya que mientras nosotros actuamos como personas transparentes, enfrentamos a un gobierno que a través de sus representantes nos asume como delincuentes".
A juicio de los dirigentes williche, no es la policía la institución que -en la legalidad de un gobierno democrático- debiera asumir el conocimiento de los estados de injusticia en que viven los pueblos indígenas, como es el caso del pueblo mapuche. "Es un deber del estado atender las situaciones de injusticia, en tanto no intermedie en nuestra contra algún tipo de indagatoria judicial", señalan. En este sentido, "investigar sin orden judicial y de mutuo propio, constituye una acto arbitrario, de mala fe y que atenta contra los derechos constitucionales de las personas, sean estas indígenas o no indígenas", agregan.
"En la zona sur del país están trabajando aparatos de inteligencia policial de la misma forma como lo hacían en tiempos de dictadura, en secreto, sin órdenes judiciales y según señaló el propio ministro Vidal, sin conocimiento aparente de las autoridades del gobierno. Nosotros como comunidad veníamos denunciando estos hechos desde hace años y sin jamás obtener una respuesta satisfactoria. Ahora nos parece sumamente grave y una muestra clara de racismo y discriminación que el gobierno y la jefatura policial reconozcan estos operativos solo por estar siendo afectados en ellos los intereses del señor Piñera", agrega Pichún.
Exigencia de explicaciones
El Consejo de Caciques dejó en claro que los antecedentes referidos a la situación territorial de las comunidades williche de Chiloé y, en particular, las eventuales disputas de tierras existentes con empresarios chilenos y extranjeros en la Isla, constituirían materia conocida tanto por el gobierno como por la opinión pública en general.
"Así puede constatarse en el informe emanado de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que fuera creada por Ricardo Lagos precisamente con la finalidad de cambiar el trato discriminatorio y delictivo con que históricamente se ha operado hacia nuestros pueblos... Los antecedentes que obran en poder del estado, surgidos de la Comisión de Estudio y Regularización de Tierras Williche de Chiloé, creada por el Gobierno en enero de 1993, son producto de investigaciones científicas serias, que hoy constituyen pruebas ineludibles de los derechos legales, históricos y ancestrales de nuestro pueblo, que no requieren ser materia de indagación policial", señalaron los dirigentes.
Por esta razón y ante las disculpas públicas ofrecidas por el Ministro del Interior, Francisco Vidal, al empresario Sebastian Piñera -hoy rebautizada por el gobierno como "gestos de cortesía"- los dirigentes del Consejo de Caciques Huilliche de Chiloé exigen las debidas explicaciones del gobierno por el irregular operativo de espionaje. "Esperamos que así como sus autoridades han tenido tanta premura para entregar sus explicaciones y excusas al empresario Sebastián Piñera, la misma disposición les alcance para explicar este atropello a nuestro pueblo williche y su organización tradicional", señalan, posición que es respaldada por el werken de Traiguén, Juan Pichún.
"Las disculpas del gobierno con Sebastian Piñera dejan en evidencia su compromiso con los empresarios y con el resguardo de sus intereses. Ahora nosotros esperamos que el gobierno demuestre su compromiso también con nuestro pueblo y ofrezca no solo disculpas públicas a las comunidades williches de Chiloé, sino también que aclare públicamente cuáles son los otros operativos de inteligencia que se están realizando en las regiones del sur. Consideramos que eso es lo propio de un régimen democrático. Nosotros sabemos que existen operativos similares y que se están desarrollando hoy en Temuco, Traiguén, Lumaco y otras zonas mapuches y queremos que eso sea aclarado", señaló Pichún.
Gobierno se querella
"El objetivo de la investigación policial sobre las compras de terrenos realizadas por Sebastián Piñera en Chiloé no era el candidato presidencial de Renovación Nacional, sino detectar una eventual situación de conflicto con las comunidades williches de la zona", señaló hoy miércoles el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil.
El personero hizo estas declaraciones al refrendar esta mañana la querella que el Gobierno presentó contra quienes resulten responsables de la sustracción de un documento de inteligencia que, en palabras del Subsecretario de Investigaciones, Lincoyán Zepeda, "no debió haber sido conocido por la opinión pública, no tenía esa finalidad de que se conociera por los medios de comunicación".
"Lo que nos interesa es resguardar los documentos de inteligencia por razones obvias. Cualquiera sea la naturaleza, cualquiera sea el contenido, sea éste baladí, sea muy importante, un documento de inteligencia no debe filtrarse y en tales condiciones se ha presentado la querella criminal (...) con el objeto de que se hagan las primeras indagaciones", señaló Correa Sutil, al explicar la querella interpuesta hoy por esa cartera para establecer el modo en que la periodista de El Mercurio, Paula Afani, obtuvo la información "confidencial" de la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) que publicó en el reportaje.
Cabe recordar que el pasado lunes el subdirector operativo de Investigaciones, Fernando Ilabaca, reconoció que desde el año 2003 Investigaciones estaría realizando "monitoreos" constantes al conflicto mapuche en las regiones Octava, Novena y Décima, todo ello ante las demandas de tierras levantadas por comunidades y organizaciones mapuches.
"Esta labor busca anticiparse a hechos delictivos o alteraciones al orden público que pudieren afectar la tranquilidad ciudadana en las ya citadas regiones", señaló Ilabaca, provocando la indignación de dirigentes del Consejo General de Caciques de Chiloé, organización que en los hechos estaba siendo víctima de las indagaciones policiales dadas a conocer por El Mercurio / Azkintuwe / notichiloéautonomo